Dijo el presidente que no están dispuestos a pagar más que lo justo porque es la empresa la que ha incumplido.
Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2022.- «Me llama la atención que le mandé a decir a Germán Larrea, dueño de Grupo México, que se buscara una negociación, que los ingenieros militares nos hicieran un dictamen y que si aceptaba ese dictamen para definir cuánto se tenía que pagar y me mandó a decir que aceptaba” dijo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, al referirse a la demanda de grupo México contra el gobierno.
“Pero ¡oh, sorpresa!, expresó el mandatario, hoy aparece que nos va a demandar y que es un asunto millonario, pero yo no sabía que ya había demandado”, en referencia al reclamo judicial de empresarios mexicanos por la cancelación de los contratos del Tren Maya.
El presidente se mostró sorprendido por la demanda, la cual fue calificada injusta porque no se hicieron cargo de mucho, es un tramo pequeño que llevaron a cabo y sobre ese es el que el gobierno quiere tratar.
Informó que el secretario de gobernación le entregó la propuesta a Germán Larrea, dueño de Grupo México; dijo que en la propuesta le informaron había que elaborar un dictamen y que los ingenieros militares revisarían la cuantía de lo que ese grupo construyó e invirtió en el trayecto que va Playa del Carmen a Tulum y que incumplieron”.
La idea es que no se pague ni más ni menos de lo que realmente invirtieron en un tramo de 60 kilómetros aproximadamente, indicó el presidente quien reveló que Germán Larrea estuvo de acuerdo y que se le enteró que el tramo incumplido es de una urgencia especial para el gobierno.
Las empresas que demandaron al gobierno de México están constituidas como un consorcio que se denomina Desarrollo del Sureste Playa del Carmen – Tulum (DSPCT) y ellos ganaron la licitación por la cual se otorgó un contrato de 17 mil 815 millones de pesos lo que se aplicarían en un tramo de 67 kilómetros.
En septiembre pasado, fue cuando se presentó la primera demanda mediante la cual impugna la terminación anticipada de contratos por considerar que Fonatur carecía de fundamentos legales para invocar la Ley de Obras Públicas.