Tribunal valida daño al erario de más de 230 mdp con construcción de la Estela de Luz de Calderón
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa validó una resolución de la ASF en la que se concluye que las irregularidades en la construcción de la ‘Estela de luz’, que provocaron un daño a la Hacienda Pública de más de 230 millones de pesos.
El monumento fue construido en el sexenio de Felipe Calderón con sobreprecio y retrasos.
Por unanimidad, el Pleno de la Sala Superior de ese órgano administrativo consideró que el dictamen emitido por la Dirección General de Responsabilidades de la ASF cumplió con la valoración de pruebas que un servidor público sancionado presentó para tratar de desvirtuar la resolución.
Así, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal determinaron el desechar la impugnación interpuesta por Carlos Sánchez Gutiérrez, vinculado en el daño por cometer irregularidades como pagos en exceso, desembolsos en demasías por concepto de transporte y kilogramos cobrados de más, entre otros.
El proyecto fue presentado por Juan Manuel Jiménez quien declaró infundados e inoperantes los argumentos del exfuncionario para desestimar las acusaciones de irregularidades en el proyecto.
Sanchez Gutiérrez argumentó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había cometido irregularidades en la revisión. Pero los magistrados confirmaron que la parte actora sí cometió las anomalías.
Las autoridades confirmaron que hubo un daño de 230 millones 77 mil 487 pesos en la construcción de la Estela de Luz, inaugurada en el 2012 en conmemoración al bicentenario del inicio de la Lucha de Independencia.
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La obra en mención estuvo a cargo de Andrés León Reguera y Juan Alberto Bravo Hernández de la empresa III Servicios, una filial de Pemex y estuvo rodeada de polémica debido al sobrecosto de la obra de acuerdo con la ASF.
El presupuesto autorizado inicialmente era de 398 millones de pesos, pero pasó el tiempo y se retrasó 15 meses la construcción y el costo incrementó finalmente a mil 146 millones 372 pesos.
La asignación de quienes estarían a cargo de la construcción del monumento vino de la oficina de la Presidencia, además de que se decidiera, desde ahí, que la construcción fuera un proceso restringido en lugar de que se llevara a cabo una licitación pública, de acuerdo con una denuncia presentada a la FGR por parte de trabajadores de III Servicios.
Por lo anterior, los magistrados concluyeron que la resolución dictada por la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación fue emitida con apego a derecho y por lo tanto existe una responsabilidad directa del imputado.
De igual forma, se señala que éste deberá resarcir el daño a la Hacienda Pública Federal de manera mancomunada, ya que hay más servidores públicos involucrados.
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