El dictamen incluye ocho nuevas leyes y modificaciones a dos ordenamientos para garantizar la participación del sector privado en la generación de energía
Las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos aprobaron, con 22 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones, un dictamen que expide ocho nuevas leyes y reforma dos ordenamientos con el objetivo de fortalecer el sector energético del país y otorgar certeza jurídica a los agentes privados que participen en la generación de energía.
Entre las nuevas normativas destacan la Ley de la Empresa Pública del Estado para Pemex y la CFE, la Ley del Sector Eléctrico y la Ley del Sector Hidrocarburos, además de reformas a la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Posturas encontradas entre legisladores
Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Energía, Laura Itzel Castillo Juárez, aseguró que estas reformas permitirán fortalecer a Pemex y la CFE como empresas públicas del Estado, haciéndolas más productivas, transparentes y eficientes. Asimismo, destacó que se integrarán nuevamente en la producción energética, eliminando la separación legal impuesta por anteriores reformas neoliberales.
Sin embargo, senadores de oposición manifestaron su rechazo al dictamen. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano argumentaron que estas reformas no garantizan energía más barata ni accesible y que mantienen disposiciones de la reforma energética de 2013, lo que permitiría seguir beneficiando al sector privado.
Por su parte, Waldo Fernández González, del PVEM, calificó estas leyes como «históricas y benéficas para el país», al rescatar un sector estratégico y devolver su función social a Pemex y la CFE. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del PT, respaldó la propuesta, asegurando que México debe recuperar el control de sus recursos para garantizar que la energía sea un derecho de todos y no un negocio de unos cuantos.
El dictamen aprobado por las comisiones ahora pasará al Pleno del Senado para su discusión y eventual votación. En caso de ser avalado, se implementarán nuevas reglas para la participación del sector privado en la generación de energía, mientras el Estado recupera el control sobre sus empresas estratégicas.
