Con 297 votos a favor, la Cámara baja avala reforma que otorga amplias facultades a Hacienda y la UIF; PAN y MC acusan intromisión sin control judicial
En la recta final del periodo extraordinario y con dispensa de trámites, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y con carácter de urgente resolución, la minuta enviada por el Senado para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, con 297 votos a favor, 37 en contra y 87 abstenciones.
La reforma, que aún se discute en lo particular, amplía las facultades de la Secretaría de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para supervisar, reportar y congelar recursos sin requerir orden judicial. También incluye como sujetos de vigilancia a personas políticamente expuestas, incluso si no son funcionarios, y a organizaciones sin fines de lucro, inmobiliarias, emisores de tarjetas no bancarias y proveedores de activos virtuales.
Acusan espionaje y abuso de poder
Desde la oposición, diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano calificaron la medida como un “cheque en blanco” al gobierno federal para ejercer vigilancia masiva sin límites ni control judicial.
El panista Héctor Saúl Téllez Hernández denunció que se trata de un “andamiaje perverso” que permitirá al Estado acceder sin restricciones a datos fiscales, patrimoniales, personales y biométricos de ciudadanos, sindicatos, partidos y organismos autónomos.
Criticó además que mientras se dota al gobierno de estas herramientas, no hay voluntad para investigar presuntas redes de corrupción relacionadas con los hijos del expresidente López Obrador, ni casos como el del empresario Alfonso Romo, cuya empresa Vector fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto narcolavado.
En defensa de la iniciativa, el morenista Julio César Moreno aseguró que estas reformas buscan cerrar la puerta a casos de desvío de recursos como el Pemexgate, Odebrecht y la Estafa Maestra, y que responden a compromisos internacionales con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero y evitar sanciones.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Irais Virginia Reyes, reiteró que la ley abre la puerta a un sistema de control sin contrapesos, sin orden judicial y con riesgos de uso político de la información.
Claves de la reforma
Se amplía el concepto de “actividad vulnerable” al incluir nuevos sectores como activos virtuales y desarrolladores inmobiliarios.
Se faculta a la UIF para realizar vigilancia, intercambio de datos y congelamiento de cuentas sin necesidad de control judicial.
Se redefine el concepto de “persona políticamente expuesta”, ampliándolo a familiares o allegados de funcionarios.
Se permite acceso a información fiscal, patrimonial y biométrica, sin necesidad de orden judicial ni filtros jurisdiccionales.
La discusión en lo particular continúa con reservas presentadas principalmente por legisladores de oposición.
Mientras tanto, organizaciones civiles y expertos en derechos digitales ya advierten de posibles violaciones a derechos fundamentales como la privacidad y la presunción de inocencia.
