Diputados aprueban ley que endurece castigos por extorsión; hasta 25 años de prisión. Contempla agravantes por “cobro de piso” y violencia
En medio de un intenso debate entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 456 votos a favor, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, que establece que este delito se perseguirá de oficio y fija penas de hasta 25 años de prisión.
La nueva legislación contempla una pena básica de 6 a 15 años de cárcel y una multa de hasta 500 veces el valor diario de la UMA, equivalente a 56 mil 570 pesos, para quien obligue a otra persona a dar, hacer o tolerar algo con fines de lucro o beneficio indebido.
La ley incluye 34 agravantes, agrupadas en tres apartados, con sanciones que aumentan según la gravedad del caso.
Entre ellas, destaca el “cobro de piso”, o cuando la extorsión se comete contra personas que realizan actividades comerciales, empresariales, agrícolas o de servicios públicos o privados, así como si se realiza en nombre de algún sindicato u organización, sea real o simulada. En estos casos, la pena se eleva de 8 a 20 años de prisión.
Las penalidades también aumentan hasta la mitad —de 12 a 22.5 años de cárcel— cuando el delito se comete contra migrantes, menores, adultos mayores o mujeres embarazadas, o si existe una relación de confianza, laboral o de parentesco entre el agresor y la víctima.
En los casos donde se emplee violencia física o se simule un accidente de tránsito intencional para exigir dinero, las penas podrán llegar hasta los 25 años de prisión.
Además, la reforma homologa el tipo penal en todo el país, con el objetivo de evitar vacíos legales y discrepancias entre las entidades federativas.
Durante la discusión, legisladores del PAN y del PRI advirtieron que la ley podría tener efectos contraproducentes, pues las penas mínimas en algunos estados —como Baja California, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo— son actualmente más altas, lo que podría permitir que personas ya sentenciadas apelaran sus condenas.
La diputada María Teresa Ealy (Morena) destacó la creación del Centro Nacional de Atención a Denuncias de Extorsión, que operará a través del número 089, para recibir reportes de forma anónima y segura.
Por su parte, la panista Margarita Zavala calificó la extorsión como una “plaga extendida en todo el país”, y señaló que el problema se agravó “con la política de abrazos y no balazos” del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual —dijo— propició un incremento del 50 por ciento en el cobro de piso.
En el mismo sentido, el priista Arturo Yáñez afirmó que esta ley “no es una victoria, sino una confesión del fracaso del sexenio anterior”.
Citó cifras del INEGI, que reportan que más de 23 millones de personas adultas fueron víctimas de extorsión, asaltos o robos en 2024, siendo la extorsión uno de los delitos de mayor crecimiento.
Con esta aprobación, el dictamen será turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
