La iniciativa busca castigar hasta con ocho años de prisión a quienes se aprovechen económicamente de personas mayores, así como fortalecer su protección legal y financiera.
La diputada federal Azucena Huerta Romero (PVEM) presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de tipificar el delito de explotación financiera contra este sector de la población y sancionarlo con penas de hasta ocho años de prisión.
La propuesta, turnada a las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, plantea adicionar un Capítulo III Quater al Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, donde se establezca como delito la apropiación, uso o disposición indebida de recursos económicos, bienes o pensiones de personas mayores de 65 años, cuando exista una relación de confianza, dependencia o subordinación.
De acuerdo con la iniciativa, se considerará explotación financiera cuando el agresor actúe aprovechándose de vínculos familiares, laborales o de cuidado, sin el consentimiento libre e informado de la víctima. La sanción propuesta va de cuatro a ocho años de prisión, además de multas económicas, y se agravará cuando la persona afectada presente alguna discapacidad o limitación para comprender el acto. El delito se perseguirá de oficio.
Asimismo, la diputada plantea reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de obligar a las instituciones financieras públicas y privadas a implementar protocolos para detectar operaciones irregulares o sospechosas en cuentas de personas adultas mayores y notificarlas a la autoridad competente, respetando la protección de datos personales.
La legisladora destacó que, de acuerdo con cifras del INEGI, el 4.7 por ciento de las mujeres mayores de 60 años ha sufrido violencia económica, mientras que datos de la Condusef revelan que 63 por ciento de las reclamaciones de adultos mayores están relacionadas con posibles fraudes financieros.
Subrayó que el marco legal actual resulta insuficiente, ya que estos casos suelen clasificarse como abuso de confianza, delito que requiere denuncia directa de la víctima, lo que limita su persecución. “Muchas personas adultas mayores dependen emocional y económicamente de su agresor, lo que las inhibe de denunciar”, señaló.
Con esta iniciativa, se busca cerrar ese vacío legal, fortalecer la protección de los derechos patrimoniales de las personas adultas mayores y garantizar que el Estado actúe de oficio frente a este tipo de abusos, particularmente aquellos que afectan a mujeres en situación de vulnerabilidad.
