Adjudicación por más de mil 150 millones de pesos a empresa vinculada a familiares de Miguel Ángel Tello Vargas se suma a señalamientos previos en la transparencia del programa federal de Vivienda para el Bienestar
Sale a la luz pública un nuevo posible conflicto de interés en la asignación de contratos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), luego de que se otorgara un contrato por 1,152 millones de pesos a la empresa Dazna para la construcción de 1,920 viviendas en el municipio de Tepeji del Río, como parte del programa federal “Vivienda para el Bienestar”.
La empresa beneficiada es representada legalmente por Carlos Eduardo Luna Mora, quien es socio de Miguel Ángel Tello Ludlow, padre del actual titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno de Hidalgo, Miguel Ángel Tello Vargas. Este último, además, funge como enlace del gobierno estatal con la federación en materia de vivienda.
De acuerdo con la información disponible, Tello Vargas participó en reuniones con el Infonavit en las que se definió la designación de las empresas constructoras encargadas de edificar las viviendas, lo que implicaría que tuvo información de primera mano y participación directa en el proceso donde se eligieron a los licitantes, situación que ha sido señalada como un evidente conflicto de interés.
Este caso se suma a una denuncia presentada en diciembre pasado, cuando se dio a conocer que otra de las empresas beneficiadas con un contrato millonario del Infonavit pertenece a familiares directos del diputado federal de Morena, Ricardo Crespo Arroyo. En ese expediente, el instituto otorgó un contrato por casi mil millones de pesos para la construcción de 1,808 viviendas del mismo programa en el municipio de Zempoala, obra que quedó a cargo de AGICRESA, S.A. de C.V., propiedad de Arturo y Gibrán Crespo Arroyo.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, Miguel Ángel Tello Ludlow y Carlos Eduardo Luna Mora mantienen una sociedad en diversos consorcios empresariales, lo que amplía la red de vínculos señalados en estos procesos de adjudicación.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció la necesidad de revisar los procesos de adjudicación y advirtió que, de comprobarse un conflicto de interés, los contratos podrían ser suspendidos o cancelados, subrayando que este tipo de prácticas no deben repetirse en la administración pública.
En contraste, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, declaró a medios locales que no se puede excluir a una empresa de un proceso de licitación únicamente por el parentesco de sus dueños con un servidor público, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos legales y no exista una falta administrativa debidamente comprobada.
Mientras tanto, la legalidad y transparencia de los contratos del programa Vivienda para el Bienestar en Hidalgo continúan bajo escrutinio público, en espera de que las autoridades competentes determinen y den a conocer si existen responsabilidades administrativas o penalizaciones en dichas adjudicaciones.
