Javier Corral plantea una reforma integral al sistema penal acusatorio y especialistas alertan posibles violaciones a derechos humanos
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, señaló la necesidad de realizar una revisión amplia y profunda de la iniciativa del Ejecutivo Federal que propone incorporar la figura de “personas juzgadoras de identidad reservada”, conocida como “jueces sin rostro”, a fin de construir una reforma integral y no limitada a ajustes parciales.
Durante la segunda mesa de análisis de la propuesta —que busca reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Delincuencia Organizada— el legislador cuestionó si la figura debe incorporarse al Código Nacional o si su regulación debería circunscribirse únicamente a la Ley Federal de Delincuencia Organizada.
“¿Por qué no pensamos en una reforma mayor (…) y determinar si realmente es en el Código Nacional de Procedimientos Penales donde debería ir una figura como esta?”, planteó.
Corral consideró que la iniciativa actual es “una reforma muy parcial”, orientada principalmente a homologar el lenguaje incluyente con la reciente reforma constitucional que contempla la identidad reservada de jueces. Por ello, adelantó que la discusión continuará con miras a una reforma más amplia que revise de fondo el proceso penal acusatorio en México.
Estándares internacionales y controles estrictos
El senador destacó que el principal reto es compatibilizar la figura de jueces con identidad reservada con los estándares internacionales de independencia e imparcialidad judicial. En caso de legislar en la materia, señaló que se requerirían controles estrictos, motivaciones reforzadas para su aplicación y revisiones periódicas.
Asimismo, subrayó la importancia de precisar en qué etapa procesal existe mayor riesgo para el juzgador en casos de delincuencia organizada, así como definir si la activación de esta figura debe depender exclusivamente del juez y no del Ministerio Público.
“¿Hay manera de hacer compatible esta figura con el estándar internacional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos?”, cuestionó ante los especialistas.
Posturas críticas y advertencias
La senadora Carolina Viggiano Austria (PRI) consideró que el proyecto, en sus términos actuales, no funcionará, por lo que respaldó la necesidad de una reforma integral con participación de expertos.
Diversos especialistas coincidieron en que la figura del “juez sin rostro” podría contravenir compromisos internacionales asumidos por México, recordando antecedentes en Perú y Colombia, donde medidas similares derivaron en observaciones y amonestaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Jorge Nader Kuri, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), propuso analizar la extensión del anonimato a otros operadores jurídicos, como jueces de amparo, magistrados e incluso agentes del Ministerio Público, para proteger su integridad frente a la delincuencia organizada.
Por su parte, la penalista Mariana Cruz Castro advirtió que el anonimato judicial puede vulnerar derechos humanos y generar nulidades procesales, por lo que antes de recurrir a esta medida deberían fortalecerse los esquemas de seguridad para juzgadores.
Rafael Beltrán Ramos sugirió revisar a detalle la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para delimitar con precisión los delitos en los que podría aplicarse la identidad reservada y establecer que la solicitud no provenga del Ministerio Público, sino del propio juzgador.
En tanto, el investigador Alberto Enrique Nava Garcés alertó sobre el riesgo de expansión de la figura hacia “fiscales sin rostro”, “testigos protegidos” e incluso “ministros sin rostro”, lo que podría debilitar la transparencia judicial.
Finalmente, Miguel Ángel de la Fuente Ponce pidió revisar el artículo 22 Ter del Código Nacional de Procedimientos Penales, al considerar que varias de sus fracciones vulneran la presunción de inocencia y presentan imprecisiones que podrían dar lugar a interpretaciones discrecionales.
La discusión continuará en comisiones, en un contexto donde el Senado busca equilibrar la protección de juzgadores frente al crimen organizado con el respeto a los derechos humanos y las garantías del debido proceso.
