Luis “N”, quien fue secretario de Administración y Finanzas estatal de Michoacán, habría participado junto con familiares y un escolta en la suplantación de funcionarios mediante voces generadas con inteligencia artificial
El Gabinete de Seguridad de México informó la detención de Luis “N”, exsecretario de Administración y Finanzas de Michoacán, así como de cuatro personas más, por su presunta participación en una red dedicada a la extorsión y suplantación de identidad de funcionarios públicos.
De acuerdo con el reporte oficial difundido este jueves 8 de octubre, junto con el exfuncionario fueron detenidos su esposa Liliana “N”, sus hijos Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, además de su escolta Agustín Arturo “N”.
Las capturas se realizaron durante un cateo en una vivienda ubicada en el fraccionamiento La Providencia, en Metepec, Estado de México. En el inmueble fueron asegurados equipos telefónicos y vehículos de alta gama, según la información difundida por las autoridades.
Se hacían pasar por funcionarios
Las investigaciones señalan que el grupo presuntamente utilizaba identidades de ministros, gobernadores y otros funcionarios públicos para generar confianza entre sus víctimas y realizar actos de extorsión.
Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue el supuesto uso de inteligencia artificial para imitar voces, una herramienta que habría permitido a los integrantes de la red hacerse pasar por distintos personajes y reforzar los engaños.
Las indagatorias apuntan a que estas actividades se habrían desarrollado desde 2021, aprovechando el conocimiento que Luis “N” tenía de estructuras y procedimientos administrativos derivados de su paso por el servicio público.
Su paso por el gobierno de Michoacán
Luis “N” ocupó los cargos de Tesorero General y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013, durante la administración del entonces gobernador Fausto Vallejo.
Tras su captura, las cinco personas fueron presentadas ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se continuará con las investigaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.
La acusación se mantiene en el terreno de la presunción, por lo que corresponderá a las autoridades judiciales determinar si existen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad de los detenidos.
