Comisiones legislativas analizarán cuatro propuestas y buscarán escuchar a víctimas, especialistas y organizaciones civiles
El Senado de la República amplió el plazo para elaborar el dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, con el propósito de profundizar en el análisis de las iniciativas y ampliar la participación de víctimas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.
Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera analizan la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con otras tres iniciativas presentadas por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del PAN; la senadora Laura Estrada Mauro, de Morena, y el grupo parlamentario del PRI.
De acuerdo con los reportes legislativos, la ampliación del plazo se sustenta en el artículo 212, numeral 3, del Reglamento del Senado, con la intención de fortalecer el contenido jurídico y técnico de la futura legislación.
Buscan escuchar a víctimas y organizaciones
Entre los objetivos de la prórroga está abrir más espacios de consulta para escuchar las experiencias y propuestas de víctimas, abogadas, especialistas, colectivos LGBTQ+ y organizaciones civiles.
La intención es construir una legislación que permita homologar criterios de prevención, investigación y sanción del feminicidio en todo el territorio nacional, además de fortalecer la respuesta de las autoridades ante la violencia contra las mujeres.
Desde la Mesa Directiva se ha defendido la ampliación del análisis bajo el argumento de que escuchar a los sectores involucrados no significa retrasar injustificadamente el proceso legislativo, sino procurar que la norma tenga bases sólidas y responda a las necesidades de quienes enfrentan esta problemática.
¿Qué contempla el proyecto de ley?
Entre los puntos que se han planteado en las mesas de trabajo destaca que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de evitar que se descarten líneas de investigación relacionadas con razones de género.
También se analiza establecer la imprescriptibilidad del delito, así como consecuencias legales para los responsables en materia de patria potestad, custodia de hijas e hijos y derechos sobre bienes, conforme a las disposiciones que finalmente se aprueben.
Otro de los ejes es la homologación de las sanciones penales en el país. Entre las propuestas difundidas se encuentran penas de prisión que podrían alcanzar hasta 70 años, además de sanciones específicas para la tentativa de feminicidio.
El proyecto también contempla medidas de atención para niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad a consecuencia de este delito, incluida la creación de un registro nacional y mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Estos elementos forman parte de las propuestas en análisis y podrían modificarse durante la elaboración del dictamen; por ahora, no constituyen disposiciones aprobadas de una nueva ley general.
Buscan avanzar antes del 25 de noviembre
En cuanto al calendario legislativo, la senadora Malú Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, ha señalado la expectativa de contar con un borrador articulado para su revisión interna en comisiones.
La meta planteada por legisladores es avanzar en el proceso para que el ordenamiento pueda ser discutido en el pleno del Senado y posteriormente enviado a la Cámara de Diputados, con la intención de concluir el trámite antes del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La ampliación del plazo mantiene pendiente la elaboración y aprobación del dictamen, mientras las comisiones continúan con el análisis de las propuestas y las medidas que podrían integrar el nuevo marco legal contra el feminicidio en México.
