Open Talks en Monterrey expone distintas perspectivas sobre la obstrucción parental, la violencia infantil, las relaciones de género y las consecuencias emocionales de los conflictos entre progenitores
Por: Gustavo Hernández
Monterrey, Nuevo León.- La ruptura de una pareja no siempre pone fin a los conflictos familiares. Cuando hay hijos de por medio, las disputas pueden prolongarse en los tribunales y trasladarse a la convivencia cotidiana, con desacuerdos sobre la custodia, las visitas y las decisiones relacionadas con la crianza.
Esta problemática fue el eje de “La guerra por los hijos”, encuentro organizado por Open Talks el jueves 15 de octubre en Quinta Real, en Monterrey, donde Ana Garduño, Nina Mahsati y Raúl Rodríguez expusieron distintas perspectivas sobre la obstrucción parental, la violencia infantil, las relaciones de género y las consecuencias emocionales de los conflictos entre progenitores.
La discusión cobra relevancia ante la dimensión de las separaciones en el país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2025 se registraron 155 mil 254 divorcios en México, de los cuales 88.3 por ciento se resolvió por la vía judicial. El divorcio incausado representó 66.4 por ciento de los casos y el de mutuo consentimiento, 32.5 por ciento.
Los datos de 2024 muestran que una proporción importante de los divorcios judiciales involucró a matrimonios con hijos menores de edad. En 22.5 por ciento de los casos había un hijo menor, en 16.2 por ciento había dos y en 5.5 por ciento, más de dos.
Aunque estas cifras no permiten determinar la frecuencia de la obstrucción parental ni identificar qué progenitor la ejerce, dimensionan la importancia de las decisiones que se toman después de una separación y de las condiciones en las que niñas, niños y adolescentes mantienen sus relaciones familiares.
Heridas emocionales y el riesgo de convertir a los hijos en instrumentos de conflicto
Durante su participación, Ana Garduño abordó las consecuencias emocionales que pueden derivarse de una ruptura matrimonial, a partir de su experiencia personal, marcada por la separación de sus hijas durante más de dos décadas.
La ponente sostuvo que los conflictos más graves no necesariamente comienzan con el divorcio, sino que pueden tener raíces en las experiencias de infancia, las inseguridades y las decisiones que llevan a una persona a elegir pareja.
“Nadie nos enseña a vivir, ni a relacionarnos en pareja, pero tampoco nos enseñan a terminar”, planteó Garduño al referirse a la falta de herramientas para afrontar el fin de una relación.
Desde su perspectiva, cuando una separación no ocurre en buenos términos, emociones como el resentimiento, la frustración y la ira pueden trasladarse a la relación de los padres con sus hijos, hasta convertir la convivencia en una herramienta de presión o castigo contra la expareja.
Garduño distinguió entre la obstrucción parental, entendida como las acciones que dificultan o impiden el contacto de un progenitor con sus hijos, y la alienación parental, concepto con el que describió procesos de influencia emocional que pueden contribuir al rechazo de uno de los padres por parte del menor.
Su planteamiento apuntó a la necesidad de reconocer las consecuencias que tienen estas dinámicas en la infancia, además de fomentar relaciones más conscientes y cierres de ciclo que eviten prolongar las disputas de pareja a través de los hijos.
Raúl Rodríguez cuestiona el enfoque político de las disputas familiares
Raúl Rodríguez llevó la discusión al terreno sociológico y político. Durante su intervención, cuestionó determinadas corrientes del feminismo contemporáneo y sostuvo que algunas de sus expresiones han contribuido a profundizar la confrontación entre hombres y mujeres.
El periodista e investigador planteó que las disputas familiares deben analizarse también desde el funcionamiento de las instituciones, las legislaciones y los criterios utilizados para investigar denuncias de violencia.
Entre los temas que señaló estuvieron la presunción de culpabilidad contra los hombres, las posibles denuncias falsas y los sesgos que, a su juicio, pueden presentarse al medir la violencia según el género de las personas involucradas.
Rodríguez también cuestionó las narrativas políticas que, desde su perspectiva, pueden colocar a un sector exclusivamente en el papel de víctima y a otro en el de agresor.
Estas afirmaciones corresponden a su interpretación del problema y no constituyen, por sí mismas, evidencia sobre la frecuencia de las denuncias falsas o de la obstrucción parental. La estadística de divorcios del INEGI tampoco permite establecer que estas prácticas sean ejercidas predominantemente por hombres o mujeres.
Su participación abrió una discusión sobre la importancia de analizar los conflictos familiares caso por caso, con investigaciones que consideren las circunstancias particulares y las garantías de todas las personas involucradas.
Nina Mahsati plantea la violencia infantil más allá de los estereotipos de género
Por su parte, Nina Mahsati compartió su testimonio como sobreviviente de maltrato infantil, abuso y obstrucción parental que experimentó en su relación con su propia madre.
La investigadora y escritora cuestionó la idea cultural de que la maternidad implica necesariamente protección y cuidado, y sostuvo que esa percepción puede dificultar el reconocimiento de conductas dañinas cuando quien las ejerce es una figura materna.
Para ilustrar su planteamiento, recurrió a referentes culturales como Medea, de la mitología griega, y La Llorona, figuras asociadas en distintas narrativas con el sufrimiento, la maternidad y el daño a los hijos en contextos de conflicto emocional.
Mahsati también abordó características de personalidad como el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo, y argumentó que ciertas formas de agresión pueden manifestarse mediante manipulación, engaños o presiones emocionales, en lugar de expresiones físicas evidentes.
Su intervención llamó a reconocer que el maltrato infantil puede presentarse en distintas dinámicas familiares y que no debe descartarse a una posible víctima por los estereotipos asociados con el género de quien ejerce la violencia.
No obstante, las estadísticas citadas en el contexto de la conferencia no permiten concluir que las madres sean responsables de la mayoría del maltrato infantil en México. La violencia contra la niñez debe analizarse a partir de evidencia específica y de las circunstancias de cada caso.
La dimensión del problema va más allá de los divorcios. UNICEF México señala que 55.5 por ciento de niñas y niños de entre uno y 14 años experimentó disciplina violenta en el hogar, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2022. Además, 70.89 por ciento de las lesiones por violencia contra menores atendidas por la Secretaría de Salud en 2024 ocurrió en la vivienda donde habitan.
Estos indicadores no se refieren específicamente a disputas de custodia ni a obstrucción parental, pero evidencian la importancia de fortalecer los entornos de protección para la infancia.
El bienestar de los hijos como punto de partida
Pese a sus diferencias sobre las causas y las dimensiones políticas del problema, las intervenciones coincidieron en colocar sobre la mesa las consecuencias que los conflictos entre adultos pueden tener en niñas, niños y adolescentes.
Cuando la separación se prolonga mediante disputas por la convivencia, acusaciones, desacuerdos económicos o diferencias sobre la crianza, los menores pueden quedar expuestos a presiones emocionales que afectan su desarrollo y sus relaciones familiares.
El desafío consiste en evitar que los hijos se conviertan en mensajeros, instrumentos de negociación o mecanismos de venganza entre sus progenitores, sin perder de vista que cada situación requiere una valoración individual y que la convivencia debe garantizar condiciones de seguridad para los menores.
“La guerra por los hijos”, de Open Talks, puso así en discusión una problemática que trasciende el fin del matrimonio: cómo resolver las diferencias entre los adultos sin trasladar sus consecuencias a la infancia.
Porque, más allá de las posiciones sobre género, justicia o responsabilidades parentales, la prioridad debe ser que las decisiones tomadas después de una separación protejan los derechos, la integridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
