Armando Mera, de Progreso, es investigado por abandonar el mando coordinado con la SSPH
Pachuca.- Autoridades municipales que incurran en irregularidades en el nombramiento de mandos policiacos, podrían ir a la cárcel. Las penas privativas de libertad van de dos a ocho años.
Esta condena aplicará para quienes asignen el nombramiento de policía, sin que tenga el Certificado Único Policial (CUP) y no estñe registrado en los términos de la ley nacional en materia de seguridad pública.
Las penas se agravan, incluso con inhabilitación cuando se trate de servidores públicos. “Por eso el gobernador Omar Fayad ha estado dando acompañamiento a los municipios”, dijo ayer en conferencia de prensa Juan de Dios Pontigo Loyola, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública
Para evitar que incurran en omisiones de ese tipo, el secretariado asesora a las autoridades municipales sobre diversas normativas que rigen dicho rubro de la administración pública.
“Nos hemos reunidos con todos (alcaldes) de forma virtual y nos hemos acercado con aquellos que han mostrado interés para conocer el nuevo Modelo nacional de policía y justicia cívica y que sepan cómo deben invertir a los policías”,
De acuerdo con el articulo 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se sancionará con dos a ocho años de prisión y de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización a quien inscriba o registre en la base de datos del personal de las instituciones de seguridad pública, prevista en esta ley, como miembro o integrante de una institución de Seguridad Pública de cualquier orden de gobierno, a persona que no cuente con la certificación exigible o a sabiendas de que la certificación es ilícita; asimismo, a quien asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta ley. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_270519.pdf
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal Mauricio Delmar informó en el encuentro virtual con medios de comunicación, que el ayuntamiento de Progreso ha sido el único de los 84 que abandonó el mando coordinado con la SSPH.
En respuesta, la dependencia indaga cuál es la modalidad o el esquema del nombramiento del o la nueva jefa de la Policía en esa demarcación, de lo contrario el alcalde Armando Mera estaría incurriendo en un delito del orden federal en apego a Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
