El promovente, diputado Jiménez Aquino del Revolucionario Institucional considera necesario garantizar el derecho humano a la educación digital, ya que es la principal herramienta de transformación y adaptación al mundo con la sé que cuenta
Ciudad de México, 22 de marzo de 2022.- El diputado del PRI, Cuauhtémoc Jiménez Aquino, propuso una iniciativa para reformar el artículo 3º de la Constitución Política, a fin de garantizar que en los planes y programas de estudio se incluya la educación digital.
La iniciativa, que se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales, destaca que es necesario que la educación digital sea reconocida como un derecho constitucional.
Considera que la educación digital es una tarea urgente y necesaria, por lo que se tiene que reconocer que hay grandes lagunas en los conocimientos digitales de la sociedad que han generado una serie de consecuencias adversas, entre ellas no aprovechar las ventajas de la tecnología digital, ni saber discernir.
Expone que se debe educar para que todo ser humano tenga la misma oportunidad de obtener provecho de una sociedad digital que ya está establecida, y cuya permanente influencia en el bienestar individual y colectivo, es innegable.
Tampoco saber buscar información en la web, no conocer los peligros de la comunicación digital, no saber desarrollar nuevas habilidades comunicativas y menos conocer los derechos y obligaciones que tienen como usuarios de internet y de redes sociales, agrega.
Señala que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en 2020 había 84.1 millones de usuarios de internet, que representan 72 por ciento de la población de seis años o más.
Entre las principales actividades que se realizan están comunicación 93.8 por ciento, buscar información 91 por ciento y acceder a redes sociales 89 por ciento.
El diputado Jiménez Aquino indica que la era digital ya no dará marcha atrás, el uso y desarrollo de las tecnologías seguirá aumentando año con año, por lo que es indispensable que la sociedad evolucione al mismo ritmo, se adapte y se apropie de los conocimientos digitales.
Afirma que el Estado, como garante del derecho a la educación en todas sus aristas, debe proveer información y protección específica a los educandos con respecto a la tecnología digital, y buscar un balance apropiado entre las oportunidades y los riesgos, fomentar el desarrollo de las buenas costumbres, promover el respeto a los demás usuarios y alimentar el pensamiento crítico sobre los riesgos.
Agrega que la brecha digital existente es la prueba de que las disposiciones contenidas en la Ley General de Educación no han brindado las condiciones suficientes para consolidar a la educación digital como un derecho fundamental.
