Diputados aliados del presidente Nayib Bukele aprueban reforma que quintuplica pena máxima para líderes y financiadores de las Maras Salvatrucha
El Salvador, 31 de marzo de 2022. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que el objetivo es imponer castigos verdaderamente duros para este tipo de terroristas, “No es posible que la ley siga protegiendo a estos criminales.” Que creen estar por encima de la ley y protegiendo a estos criminales.
Las penas de prisión modificadas aprobadas por los diputados aliados de Bukele, son de 20 a 30 años de prisión para integrantes de las Maras, que varía de las actuales de entre 3 y 5 años; para los líderes y financistas de las pandillas se elevan hasta entre 40 y 45 años, a gran diferencia de los 6 y 9 años de prisión actuales.
Durante el fin de semana pasado, El Savador registró entre el viernes y lunes un total de 89 asesinatos atribuidos por las autoridades a las pandillas Mara Salvatrucha y su rival, Barrio 18, como respuesta del Gobierno de este país centroamericano, se implementó un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales por un mes.
El resultado de las acciones del gobierno da como estadística la captura de unos 2,500 presuntos pandilleros, quienes han tenido un trato duro al interior del penal, difundido por el mismo Bukele en Twitter, con imágenes muy fuertes.
Otra de las medidas además de endurecer los años de prisión es el reforzamiento de seguridad con soldados y militares en las ‘barriadas’.
Se estima que unos 70,000 pandilleros cometen extorsión y venden drogas en las calles de El Salvador.
Ante este panorama Amnistía Internacional (AI) pidió el miércoles al gobierno salvadoreño respetar los derechos humanos en la aplicación de su estrategia de seguridad y mostró su preocupación por la supresión de la defensa legal, la información sobre las causas de retención y la racionalización de la comida en los penales.
Trascendió que a mediados de 2019 Bukele logró reducir la cifra de homicidios anuales, tras negociar en secreto con los criminales a cambio de beneficios penitenciarios, información que ha negado el mandatario salvadoreño.
