No hay, hasta el momento, una aclaración real en torno a la forma en que se dio la inundación en la región de Tula, la forma en que se tomo la decisión de descargar las aguas residuales y pluviales de la Ciudad de México desde el Túnel Emisor Oriente (TEO) sin mediar una correcta evaluación sobre los riesgos y consecuencias para la población.
En Tula, las personas aun tienen el amargo recuerdo sobre el hecho y expresan su desconcierto, a un año, de la forma en que se enfrentaron a una tragedia que a decir de muchos pudo ser evitada.
“Tula no se inundó, la inundaron”, es en muchos lugares la afirmación común, al referirse a aquel día en el que de pronto vieron como las aguas negras les arrebataron sus pertenencias y los arrojaron a un presente de incertidumbre y, en la mayoría de los casos, de abandono.
De hecho, en este día, los colectivos y organizaciones, se ponen de acuerdo y llevan a cabo un encuentro en el que podrá escucharse desde testimonios de las personas afectadas hasta acciones de promoción del cuidado en situaciones de emergencia.
Una vez más, los ciudadanos tomando en sus manos el trabajo de las autoridades, las que se fueron y las que están llegando, porque aún no comprenden la magnitud de la tragedia de la zona y las necesidades reales de las personas que ahí habitan.
Tula, el referente de abandono y de desastre. Tula, el sinónimo de abandono. El territorio contaminado, destruido, inundado, abandonado.
La zona que debe ser declarada en emergencia ambiental desde hace tiempo y a quien la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le dio la espalda aduciendo que se está haciendo lo debido para su atención.
El territorio en donde las acciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se centran en realizar obras que permitan sacar más agua de la Ciudad de México por encima de la seguridad de las personas de la zona.
Donde la termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” produce energía a partir de la quema de combustóleo sin importar que en el proceso genere dióxido de azufre y partículas menores a 2.5 micrones, sin tomar en cuenta la salud de las personas.
Donde los colectivos y las organizaciones se construyen en medio de la urgente necesidad de encontrar respuesta a las condiciones ambientales y de emergencia climática de la región.
Es claro que la zona, más allá de los argumentos de la autoridad, es importante que se impulsen normas oficiales mexicanas emergentes que permitan que las empresas se encuentren en condiciones de migrar, en favor de la gente, de su actual situación de generadores de contaminación a procesos de sustentabilidad que son indispensables para el ambiente y la salud.
Pero además se hace indispensable que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la Conagua, la Semarnat, el gobierno de Hidalgo y algunos organismos privados, tomen en sus manos el trabajo de restauración y/o rehabilitación de la zona.
Es deseable que el 7 de septiembre, no sea una fecha más, un recuerdo más en el imaginario social y un hecho olvidable en el imaginario oficial.
Tula, espera de la autoridad ambiental y energética compromisos reales que se orienten a su rescate. Reclama del gobierno un trato igualitario y digno frente a la necesidad de darle a la Ciudad de México un futuro sustentable, porque de nos ser así, se le asigna el triste papel de patio de desechos, basurero de la sustentabilidad urbana de una ciudad hipócrita y autoritaria.
Tula, hoy recuerda con tristeza el 7 de septiembre de 2021, pero es uno más de cada día en los que la zona se sume en la desgracia y el abandono. No basta, no es suficiente la voz de los ciudadanos.
Hace falta la voz de las autoridades, hace falta la decisión real y certera de que Tula será atendida de manera integral y, mientras eso no suceda, el abandono, será el distintivo democrático de una zona que ha sido presumida, para su desgracia, como la zona más contaminada de Latinoamérica.
