La ‘Ley Malena’ contra la violencia ácida se deriva de la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, la cual fue impulsada por la activista María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña quien fue víctima de un ataque con ácido en 2019
El Congreso de la Ciudad de México aprobó por mayoría absoluta una reforma de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para anexar el concepto de “violencia ácida”, asimismo se reforma el Código Penal local para que los ataques con sustancias químicas sean castigados con una penas de entre 8 y 12 años de prisión.
Esta reforma fue impulsada por la diputada Marcela Fuente Castillo y la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, atacada con ácido en 2019, por lo cual lleva el nombre Ley Malena.
Es de destacar que hasta la fecha la víctima no ha recibido justicia.
Con 42 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el Congreso local aprobó la Ley contra Ataques con Ácido.
🏛️💜¡Ya es Ley! 🎷El #CongresoCDMX aprobó la “Ley Malena”, con el fin de castigar la violencia ácida y considerarla como tentativa de homicidio. Por ello, se modificó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y del Código Penal local. pic.twitter.com/GkrKLMhA3k
— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) February 8, 2024
Durante la lectura del dictamen estuvo presente la activista junto a otras víctimas de ataques con ácido, como Elisa Xolalpa, quien fue víctima de un ataque de esta naturaleza en 2001 y cuyo caso fue tipificado como violencia familiar y lesiones.
Esta reforma ya fue aprobada en los estados de Puebla, Baja California y ahora la Ciudad de México.
Se tiene previsto castigar los ataques con ácido hasta con 30 años de prisión, además de la tipificación de la violencia ácida como un delito independiente, considerado tentativa de feminicidio, y no solo como una agravante en los delitos de lesiones o daños.
La reforma aprobada incluye multas de 300 a 700 veces la unidad de medida para “quien cause un daño en la integridad física o salud, utilizando diversas sustancias y/o compuestos químicos, que provoquen lesiones internas, externas o ambas”, cita la nueva ley, la cual también contempla la reparación de las lesiones de las víctimas.
Antes, las mujeres tenían que costearse a través de la medicina privada los tratamientos y operaciones para reconstruir su cuerpo.
La promovente diputada Marcela Fuente agradeció a todas las personas que la apoyaron para que se pudiera presentar esta iniciativa y reconoció la fortaleza y resiliencia de María Elena Ríos durante todo este proceso
“Todas las sobrevivientes de ataques con ácido han tenido un proceso carísimo y larguísimo de reconstrucción de sus vidas, de sus cuerpos, de reconocerse nuevamente y eso no lo garantiza el Estado pero hoy cambia, hoy si atacan a una mujer con ácido esta tendrá acceso a la reparación del daño por parte del Estado”, precisó.
Por su parte, la diputada morenista, Miriam Castro, lamentó que cada vez existan más maneras de violentar a las mujeres, por lo que esta ley garantiza que en estos casos haya un verdadero acceso a la justicia.
A su vez , la diputada morenista Ana Francis López lamentó que actualmente no exista un registro de víctimas de ataques con ácido y que los que hay sean solo hechos de manera extraoficial por algunas organizaciones, como en el caso de Fundación Carmen Sánchez para víctimas de ataques con ácido.
La saxofonista María Elena Ríos fue víctima de un ataque con ácido en 2019, la cual le provocó quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo. En el proceso, hay cuatro imputados: dos presuntos autores intelectuales y dos presuntos materiales.
Como posibles autores intelectuales se señala al exdiputado Juan Vera Carrizal, preso en el penal de San Francisco Tanivet, así como su hijo Juan Vera Hernández, éste último aún prófugo de la justicia, por quien se ofrece una recompensa por un millón de pesos para lograr su captura
Los presuntos autores materiales son dos obreros a cargo de la empresa de Juan Vera Carrizal, uno de ellos también preso en el penal de San Francisco Tanivet, y el segundo que murió en 2021 en la prisión, contagiado de covid-19.
