Video de una senadora tiñéndose el cabello durante la sesión legislativa detonó cuestionamientos sobre privilegios del poder legislativo
La Dirección General de Resguardo Parlamentario clausuró un salón de belleza que operaba en el segundo piso del Senado de la República, luego de que se viralizara un video en el que la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aparecía aplicándose un tinte de cabello dentro de dichas instalaciones.
El espacio que, se dice fue habilitado por la Senadora de Chihuahua Andrea Chávez, no contaba con rótulos ni identificación oficial y funcionaba en una oficina que anteriormente pertenecía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De acuerdo con versiones conocidas tras la clausura, el lugar estaba equipado con sillones de estética, espejos y un lavabo especializado para el cuidado del cabello, lo que evidenciaba una operación permanente y no eventual.
Ayer mismo, el personal de resguardo colocó sellos de suspensión en el área de servicios de peluquería y maquillaje, argumentando que no se contaba con los permisos necesarios ni con la justificación administrativa para operar un negocio de este tipo dentro de la Cámara Alta.
La difusión del video provocó una ola de críticas y reavivó el debate sobre los privilegios dentro del Poder Legislativo, así como el uso de espacios públicos para actividades ajenas a la labor parlamentaria.
En respuesta, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, defendió la existencia del salón al señalar que se trataba de un “apoyo” para legisladores que viajan desde otros estados, y aseguró que el Senado no absorbía los costos de los servicios, ya que cada senador pagaba de manera individual.
No obstante, estas explicaciones no lograron contener la polémica. Legisladores de oposición, entre ellos la senadora Lilly Téllez, exigieron informes detallados sobre el financiamiento, la legalidad del espacio y la autorización para su funcionamiento, al considerar que, aun sin un pago directo de servicios, el uso de oficinas del Senado para fines personales representa un posible desvío de recursos y una falta de ética institucional.
El caso ha puesto bajo escrutinio las prácticas cotidianas dentro del recinto legislativo y ha alimentado la percepción ciudadana de un Senado alejado de la austeridad y la rendición de cuentas que públicamente se promueven.
La clausura del salón, más allá de cerrar un espacio físico, abrió una discusión incómoda sobre los límites entre el servicio público y los privilegios personales.
