A siete años de la tragedia por la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos, familiares de las 137 víctimas se reunieron en la zona cero de Tlahuelilpan para exigir justicia, atención integral y el fin de la criminalización.
La zona cero del predio San Primitivo, en Tlahuelilpan, donde oficialmente murieron 137 personas tras la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos, volvió a congregar a familias enteras que participaron en una misa conmemorativa para recordar a las víctimas y exigir al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones.
Durante la ceremonia religiosa, el llamado de la Iglesia católica fue a trabajar en la reconstrucción del tejido social para recuperar la paz y la tranquilidad en este municipio del corredor Tula-Tepeji, marcado por una de las tragedias más dolorosas del país.
“La tarde de hoy estamos aquí recordando aquel hecho que cimbró a la comunidad e hizo sufrir a muchas familias por la pérdida de algún ser querido. Todos estamos llamados a poner vida y empeñarnos en reconstruir el tejido social. Pedimos al Señor por el descanso eterno de sus hijas e hijos que fallecieron aquí”, expresó el sacerdote durante la homilía.
La cita fue a las 17:00 horas. Viudas, huérfanos, padres, hermanos y amigos llegaron con flores y veladoras, cargando un dolor que no se ha ido con el paso del tiempo. Una vecina, quien pidió omitir su nombre, lamentó que además del duelo, las familias sigan enfrentando estigmatización.
“Este aniversario luctuoso no solo nos invita a recordar, sino a reflexionar para prevenir que algo así vuelva a ocurrir. Las personas que perdieron la vida no serán olvidadas. Estamos cansados de que nos criminalicen y nos llamen huachicoleros”, expresó.
A siete años de la explosión, el lugar luce abandonado. No se construyó la capilla ni el mausoleo prometido en memoria de las 137 víctimas, cuyos nombres fueron mencionados uno a uno durante la misa para pedir por su descanso eterno.
José Guadalupe Jiménez, vecino de Tlahuelilpan y sobreviviente de la explosión, narró el largo y doloroso proceso que enfrenta. Con graves secuelas físicas y emocionales, ha sido sometido a más de 110 cirugías debido a las quemaduras.
“Perdí la movilidad en las manos y no puedo trabajar. He metido papeles para gestionar apoyos por discapacidad, pero no he logrado salir beneficiado. Mi madre ha costeado todas mis consultas”, relató.
Recordó que en la tragedia perdió a su hermano menor y a un tío. “Cuando explotó el ducto quise correr, pero me caí. Mi hermano entró por mí y me llevó a una ambulancia; él murió en el hospital. Había niños, mujeres, familias enteras. Fue un infierno”, dijo.
Abogados de la Asociación Civil ONRE, que representa a familiares de al menos 50 víctimas, informaron que mantienen una lucha legal activa para que el Estado mexicano cumpla con la reparación integral del daño, al tratarse de una tragedia que —aseguran— pudo prevenirse.
“Debe haber atención médica y psicológica, una disculpa pública, la construcción de un memorial, el reconocimiento federal como víctimas y la indemnización de ley. Además, exigimos que termine la discriminación y la revictimización”, señalaron.
Denunciaron también la falta de acompañamiento por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que inicialmente reconoció violaciones a derechos humanos, pero posteriormente dejó de recibir a las familias y a sus representantes legales.
Las familias insisten en que no han recibido apoyo alguno y que, lejos de ser atendidas, han sido despojadas de su dignidad al ser criminalizadas. Reiteraron que las víctimas acudieron al lugar por una fuga de gasolina en un contexto de escasez, sin imaginar que el ducto explotaría y provocaría una tragedia de tal magnitud.
