La presidenta Sheinbaum asegura que la seguridad de los datos personales recae en las empresas y niega que la medida obligatoria implique vigilancia gubernamental
El registro obligatorio de datos personales de usuarios de telefonía celular, que inició el pasado 9 de enero, ha evidenciado problemas técnicos y presuntas fallas de seguridad durante sus primeros días de implementación, lo que ha generado inquietud entre usuarios por una posible vulneración de información personal.
Ante estas quejas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó la mañana de este martes que cualquier falla en la protección de datos corresponde exclusivamente a las empresas telefónicas, y no al Estado.
La mandataria defendió así el nuevo procedimiento, que exige la vinculación de los números celulares con la identidad de personas físicas o morales, como parte de la estrategia nacional para combatir delitos como la extorsión.
Sheinbaum explicó que la información personal es recabada y resguardada por las compañías de telecomunicaciones, y que únicamente se pone a disposición de las autoridades conforme a la ley y en el marco de investigaciones específicas relacionadas con delitos cometidos mediante el uso de líneas telefónicas.
“La medida no implica vigilancia gubernamental”, sostuvo la presidenta, al reiterar que el acceso a los datos por parte de las autoridades solo se da cuando existe una investigación formal, y subrayó que la responsabilidad de proteger la información personal recae en las empresas proveedoras del servicio, no en el gobierno federal.
No obstante, las fallas reportadas han abierto el debate sobre la eficacia y los riesgos del nuevo registro, particularmente ante la preocupación de que los datos puedan quedar expuestos si las compañías no garantizan su seguridad.
En ese contexto, persisten cuestionamientos sobre si la medida logrará cumplir su objetivo de reducir delitos como la extorsión, mientras el Estado se deslinda de eventuales usos indebidos de la información por parte del crimen organizado.
El tema continúa generando discusión pública, en medio de llamados a reforzar los mecanismos de protección de datos personales y a establecer controles claros que den certidumbre a los usuarios sobre el manejo de su información.
