Tras suicidio de estudiante en Pachuca, María del Pilar G.H. además de purgar dos años de prisión deberá pagar indemnización por reparación del daño
La prefecta de la secundaria Manuel Fernando Soto, ubicada en Pachuca, Hidalgo, María del Pilar G.H., fue sentenciada a dos años de prisión tras aceptar su culpabilidad por el delito de violencia familiar equiparada agravada, luego de ser señalada como responsable del acoso y maltrato contra Yahir, un estudiante de 15 años que se suicidó en julio pasado.
Durante la audiencia celebrada el viernes en los juzgados de oralidad de Pachuca, el juez de control Anim Ope Islas informó que la acusada optó por un procedimiento abreviado, mediante el cual se declaró culpable a cambio de una reducción significativa de la pena que se le impondría en un juicio ordinario.
Castigos adicionales y reparación del daño
Además de la pena privativa de libertad, la exfuncionaria fue obligada a:
Ofrecer una disculpa pública a la familia del menor.
Pagar 100 mil pesos por concepto de reparación del daño, monto que fue entregado durante la audiencia.
Cubrir una multa de 10 mil 857 pesos, equivalente a 100 UMA.
Someterse a un tratamiento de reeducación.
El caso fue imputado como violencia familiar equiparada debido a la relación jerárquica entre docentes y alumnos, ya que el acoso escolar no está tipificado como delito en el Código Penal del Estado de Hidalgo, precisó el Ministerio Público.
Familia busca inhabilitación permanente
Los familiares de Yahir adelantaron que continuarán el proceso ante la Contraloría de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo para solicitar que María del Pilar sea inhabilitada de por vida para ejercer funciones como prefecta, docente o cualquier otro cargo dentro del sistema educativo.
Previo a quitarse la vida, Yahir dejó una nota en la que señaló que la prefecta lo amenazó con retener su carta de buena conducta como represalia por llevar el cabello largo, lo que, dijo, afectaría la entrega de sus documentos escolares de fin de curso.
El caso ha generado indignación en la comunidad educativa y reaviva el debate sobre la necesidad de tipificar el acoso escolar como delito en Hidalgo.
