La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada de Morena y exalcaldesa de Rosarito, junto con empresarios ligados a “Los Mayos”, brazo del Cártel de Sinaloa, por presunta participación en narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.
Por: Perla Baños
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a la diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, señalada por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Mayos”.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, realizó el anuncio en el marco de su visita a México, subrayando que el Cártel de Sinaloa sigue siendo una de las principales amenazas transfronterizas.
La designación también alcanza a 15 empresas ubicadas principalmente en Playas de Rosarito, Baja California, entre ellas bares, restaurantes y resorts. De acuerdo con la OFAC, estos negocios, vinculados al empresario Jesús González Lomelí, fueron utilizados para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Además de Brown Figueredo y González Lomelí, la lista de sancionados incluye a:
- Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, líder del brazo armado de Los Mayos.
- Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez, socios financieros del cártel.
- Candelario Arcega Aguirre, descrito como operador político que, con el respaldo de Brown, habría facilitado el control del gobierno municipal de Rosarito por parte del grupo criminal.
La OFAC detalló que durante la administración municipal de Hilda Araceli Brown, González y Arcega fungieron como intermediarios entre la entonces alcaldesa y los hermanos Alfonso y René Arzate García, operadores de Los Mayos. Entre sus funciones estaban gestionar pagos de extorsión, brindar protección y mantener control sobre áreas de seguridad pública en la región.
Las sanciones fueron emitidas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que apuntan contra organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas y al financiamiento del terrorismo.
Con estas medidas, Estados Unidos congela los activos de los sancionados en su jurisdicción y prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos.
