Senadores de Morena proponen auditorías y estándares técnicos más estrictos ante vulneraciones detectadas en el sistema de registro de líneas de celulares
Luego de que usuarios reportaran fallas y posibles vulneraciones en el sistema de registro de líneas telefónicas, particularmente en la plataforma de Telcel, legisladores de Morena presentaron propuestas para reforzar los mecanismos de seguridad y protección de datos personales, a pesar de que el propio partido aprobó previamente la reforma que dio origen al nuevo esquema obligatorio de registro.
En este contexto, la senadora de Morena Jesús Lucía Trasviña Waldenrath presentó un punto de acuerdo en el Senado de la República para exigir mayor vigilancia, controles y supervisión sobre el manejo de información personal por parte de las empresas de telecomunicaciones que operan en el país.
La legisladora subrayó que el registro de líneas telefónicas implica el tratamiento de datos altamente sensibles, como la CURP, RFC, correos electrónicos y otros elementos de identificación, por lo que consideró indispensable fortalecer los sistemas de resguardo, ciberseguridad y control interno de las compañías responsables de la recolección y administración de esta información.
De manera conjunta, Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) impulsan ahora la implementación de auditorías técnicas, estándares de seguridad más estrictos y mecanismos de supervisión permanentes, con el objetivo de evitar que se repitan incidentes que puedan poner en riesgo la privacidad de millones de usuarios.
La propuesta reconoce que, si bien el registro de líneas telefónicas busca contribuir a la prevención de delitos, su correcta operación depende de que las empresas garanticen la protección efectiva de los datos personales, evitando filtraciones, usos indebidos o accesos no autorizados.
Finalmente, los legisladores señalaron que el fortalecimiento de estos controles resulta clave para restablecer la confianza ciudadana en el nuevo esquema de registro y asegurar que la estrategia cumpla su objetivo sin vulnerar los derechos de las personas usuarias de servicios de telecomunicaciones.
