Entre los imputados se encuentra un exfuncionario del DIF municipal de Pisaflores, señalado como autor intelectual del crimen ocurrido el 20 de octubre
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que tres personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Pisaflores, Miguel Bahena Solórzano, registrado el pasado 20 de octubre frente a su domicilio.
Entre los detenidos se encuentra Johny René “N”, exfuncionario del DIF municipal, quien fue identificado como autor intelectual del crimen, actualmente preso en el Cereso de Tulancingo por delitos a la salud.
Junto a él, también fueron vinculados César Rubiel “N” y Hannia “N”, señalados como presuntos ejecutores del ataque que terminó con la vida del edil de Pisaflores.
El exfuncionario había sido detenido el pasado miércoles por elementos de la Policía Estatal de Querétaro en el municipio de Landa de Matamoros, cuando viajaba a bordo de un vehículo en el que se localizó “un arma de fuego calibre .22 con cargador y siete cartuchos útiles”, sin el permiso legal requerido.
Valladares Reséndiz fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, y por la naturaleza del arma asegurada, continuó su proceso en libertad, informó la fiscalía queretana a través de una publicación en la red social X.
En el seguimiento ministerial posterior a la primera detención, la fiscalía de Querétaro tuvo conocimiento de la orden de aprehensión girada por las autoridades hidalguenses contra René “N”, por lo que se cumplimentó el mandato judicial y se efectuó la entrega del detenido a las autoridades del estado vecino.
Como se informó en su oportunidad, Miguel Bahena Solórzano, de 46 años, fue atacado a balazos en la comunidad de La Estancia por dos personas que llegaron en motocicleta. De acuerdo con reportes citados en su momento, el alcalde recibió al menos cinco impactos de proyectil de arma de fuego y falleció en el lugar.
Durante la audiencia inicial, la jueza Arely Sánchez Lazcano calificó de legal la detención de los tres implicados y dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
La defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que la audiencia se reanudará el próximo 30 de octubre, cuando se determine la situación jurídica definitiva de los imputados.
