La asociación que agrupa a personas juzgadoras federales jubiladas denunció el incumplimiento de 80 indemnizaciones y 120 pensiones complementarias, que afectan a cerca de 200 exfuncionarios
La Asociación de Personas Juzgadoras Federales en Retiro solicitó la intervención de la Comisión de Justicia del Senado de la República para destrabar el pago de 80 indemnizaciones y 120 pensiones complementarias, cuyo monto acumulado se estima en alrededor de 600 millones de pesos.
Durante una reunión con legisladores, la presidenta de la organización, Elba Sánchez Pozos, acusó al Órgano de Administración Judicial (OAJ) de recurrir a argumentos administrativos para retrasar el cumplimiento de obligaciones que, sostuvo, corresponden a cerca de 200 exfuncionarios judiciales que declinaron participar en la elección derivada de la reforma judicial de septiembre de 2024.
Reclaman derechos adquiridos
Los juzgadores en retiro sostienen que sus prestaciones están respaldadas por el artículo décimo transitorio de la reforma judicial y cuestionaron el argumento de las autoridades de que las declinaciones debieron presentarse ante el Senado.
Explicaron que, cuando dejaron sus cargos en septiembre de 2024, las disposiciones vigentes no establecían al Senado como instancia receptora de dichos documentos, por lo que las solicitudes fueron presentadas ante el entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Además, señalaron que las pensiones complementarias no surgieron con la reforma judicial, sino que constituyen un esquema vigente desde 1996, por lo que consideran que se trata de derechos previamente adquiridos.
En contraste, el OAJ ha cuestionado la procedencia de los pagos debido al impacto presupuestal de las indemnizaciones y también ha puesto bajo análisis la entrega de pensiones complementarias a exfuncionarios que reciben una pensión del ISSSTE.
Piden intervención legislativa
Ante la falta de acuerdos, la asociación planteó a la Comisión de Justicia tres acciones principales: impulsar un punto de acuerdo para exhortar al OAJ a resolver las reclamaciones y liberar los recursos correspondientes; incorporar disposiciones transitorias en la futura Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y establecer mecanismos de defensa para el personal judicial frente a determinadas decisiones administrativas.
Los exjuzgadores también advirtieron que, de persistir el conflicto, podrían recurrir a instancias internacionales de derechos humanos.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, manifestó su disposición para buscar una salida institucional al problema y contribuir a que se cumpla con las disposiciones legales aplicables.
El conflicto mantiene en disputa recursos estimados en 600 millones de pesos, mientras los juzgadores retirados demandan que se reconozcan y cubran las prestaciones que consideran pendientes.
