El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que la decisión de Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inválida la segunda parte del Plan “B” de la reforma electoral, no es un revés para el presidente Andrés Manuel, ni para su partido, sino para el pueblo de México.
El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que el grupo mayoritario lamenta la determinación de la Suprema Corte respecto al Plan “B” de la reforma electoral.
El legislador chiapaneco, explicó que la Corte sólo analizó el procedimiento y no el fondo de los temas que contenía la reforma electoral y la discusión que se dio en las Cámaras del Congreso.
Acusó que la SCJN aplicó de manera facciosa la interpretación legislativa y utilizó un criterio para no entrar al fondo del asunto y en un “brochazo decir que el procedimiento estuvo viciado”.
Ante esta decisión de los ministros, para el proceso electoral del 2024 se tendrá que jugar con las mismas reglas, pero insistió que la bancada de Morena no va a quitar el dedo del renglón.
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Ramírez Aguilar, apuntó que su grupo parlamentario insistirá en la reforma electoral que el pueblo de México les ha exigido para lograr que los partidos políticos dejen de recibir tantos recursos públicos, para que el tiempo aire, tanto en radio como en televisión, no sea tan imperativo para las propagandas políticas y para reducir de nueve a seis meses el proceso electoral.
Detalló que a partir del 1º de septiembre, van a generar una Agenda Legislativa donde discutan una nueva reforma electoral con la tranquilidad de que en el año 2024 va a normar la esencia constitucional y las normas jurídicas que han regido el 21 y el 18.
La nueva reforma aplicaría en los comicios de 2027 y se buscará reducir los tiempos aire, reducir los tiempos en la instalación de las juntas distritales federales en los 300 distritos.
Así mismo, adelantó que van a discutir la impartición de justicia y una reforma que toque a los órganos jurisdiccionales electorales para que no tengan gastos onerosos y que se basen en los principios de austeridad y transparencia.
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