Autonomía cuestionable
Todo parece indicar que el presidente López Obrador se equivocó al querer separar los Poderes de la Unión. Darles independencia. El Poder Judicial acostumbrado a recibir órdenes del Ejecutivo o de sus patrones oligarcas, ahora se ha tornado no en un poder independiente si no en enemigo acérrimo del Presidente.
Y es lógico, ese poder está conformado en su mayoría por elementos que obedecen a quienes los nombraron a la antigua usanza. Es decir, empleados del antiguo régimen. En afán de querer democratizar al país, López Obrador respetó esa estructura, formada por amigos de Calderón y Peña Nieto. Y en el pecado está llevando la penitencia.
Hay quienes creemos que debió convocar a elecciones para elegir un nuevo Poder Judicial, electo por los ciudadanos, menos partidista, menos obediente a grupos facciosos, al poder y sobre todo más apegado a la justicia que a las leyes. Más justo con la gente que no tiene para pagar un abogado, más cuidadoso de las corruptelas, más rigorista con los que delinquen, con los reincidentes, con los abusivos y con los corruptos.
Muchos hemos sido testigos de cómo la ley favorece más al que más tiene, (porque puede dar más dinero por moches) y aunque el pobre tenga la razón, el juez favorece a los pudientes. A quien le lleva “regalitos”.
Es urgente sanear esos fiscales y magistrados. Legislar para que aquellos que no se apeguen a la justicia, sean sancionados severamente. Los que dictaminan en base a influencias o por favores o dinero, deben ser removidos, multados y en su caso encarcelados.
Los magistrados, jueces y fiscales, no pueden ser compadres, familiares o amigos de los abogados del caso. Tienen que ser cambiados para evitar contaminar la decisión.
Necesitamos un Tribunal y una Suprema Corte, honestos, incorruptibles y justos. URGE.
Eso se puede lograr si elegimos gente sin compromisos con partidos, empresarios, políticos o abogados de renombre. No debemos permitir amasiatos entre esos sectores con los representantes de la ley.
Vigilemos y evitemos se repitan casos como el de Diego Fernández de Cevallos, Collado, o esos encumbrados leguleyos de la más alta alcurnia se mezclen con los encargados de impartir justicia. En caso de ocurrir algo así separarlos del cargo e inhabilitarlos.
