No conseguir el 40% de participación y tener menos de los 30 millones de votos que obtuvo en el 2018, digan lo que digan, será un autogol y fracaso para López Obrador: Marko Cortés
Ciudad de México, 10 de abril de 2022.- Esta gran farsa del gobierno de Morena no puede llamarse consulta “popular”, sino más bien “de Estado”; son unos perversos al usar la pobreza y necesidad de la gente, advirtió el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza.
Aseguró que el presidente, López Obrador, el gobierno morenista y su partido, están más preocupados por recuperar la popularidad perdida con la “casa gris de Houston”, que en dar resultados en los temas que más importan a la gente.
Después de todo el “circo, morena y teatro” protagonizado por el mismo gobierno, si no consiguen que participe el 40% de electores y tienen menos de los 30 millones de votos que obtuvieron en el 2018, que expresen que siga el presidente, digan lo que digan, será un autogol y fracaso para López Obrador, señaló el dirigente Nacional del PAN.
El líder panista afirmó que a pesar de todas las triquiñuelas que hicieron al margen de la Constitución y la ley electoral, si no logran el mínimo requerido para que los resultados sean vinculantes, sería un duro golpe a la popularidad y al ego presidencial, además que esta consulta quedará marcada por la ilegalidad, la mentira, manipulación y el desvío de recursos públicos.
“Después de todo lo que han hecho para su tergiversada consulta, tener menos de 30 millones de votos que expresen que quieren que siga, será para el presidente López Obrador un autogol y fracaso. Una consulta que la sociedad no pidió, que él quiso y promovió, en la que se gastaron muchos más de los mil 700 millones de pesos que solo costó su organización”, lamentó.
Señaló que las firmas para su solicitud fueron recabadas por los “servidores de la nación” y la difusión corrió a cargo de toda la estructura del gobierno, en la que, además de la participación directa del presidente López Obrador y la mayoría de los secretarios de Estado, se usaron vehículos y aviones oficiales, desviaron recursos públicos para su promoción, llegando al extremo de amenazar a la gente diciéndole que si no acude a votar perderá sus ayudas sociales, son unos perversos al usar la pobreza y necesidad de la gente.
Cortés Mendoza pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evaluar y sancionar las violaciones a la Constitución y las leyes electorales, particularmente en el tiempo de veda electoral, porque la revocación de mandato además fue usada para promover a sus candidatos en los 6 estados con elecciones para gobernador, lo cual puede tipificarse como delito electoral.
“Estamos viendo que el gobierno y su partido están más preocupados por recuperar la popularidad perdida con el desprestigio e incongruencia de la “casa gris de Houston”, que en dar resultados en los temas que más importan a la gente, están desesperados por recuperar la confianza perdida de los ciudadanos.
Su popularidad va en caída, porque la gente ya se dio cuenta que con este gobierno nomás no hay resultados, solo mentiras y cortinas de humo para distraer la atención sobre los problemas que más afectan a los ciudadanos, como el aumento de la inseguridad y la violencia, el alza de precios en la canasta básica, la falta de empleos y de certeza a las inversiones”, sostuvo.
Llamó a los ciudadanos a estar atentos durante la jornada para tomar evidencias y denunciar las posibles irregularidades que se presenten, tales como el acarreo de votantes y relleno de urnas por parte de los morenistas, como lo hicieron con las firmas de casi 18 mil muertos entregadas para la solicitud de revocación de mandato o con el financiamiento de espectaculares en todo el país, que hasta hoy nadie sabe quién los pagó.
El líder panista afirmó que la forma en que el gobierno de López Obrador aplicó este instrumento democrático tiene todas las características de los gobiernos populistas y autoritarios, como los realizados por los gobiernos de Venezuela con Hugo Chávez y de Bolivia con Evo Morales, para legitimar su permanencia en el poder.
