Raquel Buenrostro señaló esta mañana que el expediente no contiene documentos firmados por el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong
La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, afirmó hoy que, el expediente relacionado con el desvío de más de 65 millones de dólares en la extinta Policía Federal no contiene pruebas documentales que vinculen directamente al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong con las irregularidades detectadas.
Durante la conferencia matutina, la funcionaria fue cuestionada sobre una posible responsabilidad del exsecretario por hechos ocurridos en 2015, cuando la Policía Federal estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación. Buenrostro respondió que la dependencia no cuenta con elementos documentales que involucren a Osorio Chong.
La secretaria explicó que, para sustentar responsabilidades administrativas o penales, las investigaciones requieren elementos probatorios y destacó que no existe en el expediente ningún documento firmado por Osorio Chong relacionado con las operaciones bajo investigación. También señaló que los funcionarios sancionados se encontraban varios niveles jerárquicos por debajo del titular de Gobernación.
Un contrato de 130 millones de dólares
El caso se originó en un contrato firmado en diciembre de 2015 con la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems LTD para la prestación de servicios relacionados con un sistema de inteligencia para la Policía Federal.
De acuerdo con la información presentada por Buenrostro, el contrato ascendió a 130 millones de dólares, de los cuales se entregó un anticipo de 65 millones de dólares. La funcionaria señaló que esos recursos fueron erogados bajo conceptos de seguridad nacional, aunque no fueron aplicados al pago del servicio contratado.
La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno determinó responsabilidades administrativas contra dos exmandos de la entonces Policía Federal: Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la corporación, y Damián Canales Mena, exjefe de la División de Inteligencia.
Martínez Zamora recibió una inhabilitación por 20 años, mientras que Canales Mena fue inhabilitado por 15 años. Además, se establecieron sanciones económicas orientadas a la reparación del daño al erario por un monto superior a 65 millones de dólares.
Investigación penal continúa abierta
Buenrostro informó que, además de las sanciones administrativas, existe una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que el expediente continúa abierto en esa instancia. Por ello, la investigación penal sigue su curso de manera independiente de las determinaciones administrativas ya emitidas.
La funcionaria enfatizó que la ausencia de documentos que involucren a Osorio Chong en el expediente revisado no representa una determinación sobre otras posibles líneas de investigación, sino una descripción de los elementos documentales que actualmente tiene a la vista la dependencia.
Con ello, el gobierno federal mantiene separadas dos situaciones: por un lado, las sanciones ya impuestas a los exmandos de la Policía Federal por las irregularidades relacionadas con el contrato y, por otro, la ausencia de evidencia documental presentada por la Secretaría Anticorrupción que permita vincular directamente al entonces secretario de Gobernación con el desvío investigado.
