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viernes, noviembre 20, 2026
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Pasarela Política

Ante la proximidad del proceso electoral de 2027, el gobernador Julio Menchaca Salazar puso sobre la mesa un tema que, seguramente, dará mucho de qué hablar: el costo que representa para las finanzas públicas el financiamiento de los partidos políticos.

 

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo proyectó para el próximo año un presupuesto superior a los mil 49 millones de pesos. De esa cantidad, alrededor de 524 millones estarían destinados al financiamiento de las fuerzas políticas con presencia en la entidad.

Para Menchaca, la cifra es excesiva. El mandatario incluso la calificó como “una barbaridad” y adelantó que su administración impulsará modificaciones para revisar un esquema en el que los recursos destinados a los partidos terminan siendo superiores a otros componentes de la organización electoral.

El planteamiento merece atención.

Si se abre la discusión sobre el costo de la democracia y el uso del dinero público, entonces habrá que llevarla hasta sus últimas consecuencias.

También tendría que revisarse cuánto cuesta mantener al Congreso local, sus estructuras administrativas, asesores, salarios, dietas y demás prestaciones. Si desde el propio gobierno se plantea reducir el número de regidores y síndicos en los ayuntamientos, resulta razonable preguntar si la misma lógica de austeridad debería alcanzar al Poder Legislativo.

Hidalgo cuenta actualmente con 30 diputaciones locales, entre representantes de mayoría relativa y de representación proporcional. La discusión no tendría que limitarse a eliminar espacios, sino a revisar si la estructura existente corresponde realmente a las necesidades de representación y al trabajo legislativo que recibe la ciudadanía.

La austeridad tampoco debería detenerse en los partidos o en el Congreso.

Sería pertinente realizar una revisión profunda de los salarios de altos funcionarios, estructuras administrativas, asesores y áreas que durante años han crecido alrededor del aparato gubernamental. Al final del día, quienes ocupan un cargo público administran recursos que pertenecen a la población y están obligados a justificar cada peso que reciben y ejercen.

Otro terreno que merece el mismo escrutinio es el de la obra pública.

Revisar contratos, asignaciones, procesos de licitación y cumplimiento de las empresas permitiría garantizar condiciones más equitativas para los constructores hidalguenses y, principalmente, asegurar que las obras sean ejecutadas por compañías con capacidad técnica y solvencia.

La condición de numerosas carreteras y vialidades demuestra que todavía existe mucho por corregir. Baches, deterioro prematuro y trabajos que requieren reparaciones poco tiempo después de haber sido concluidos terminan convirtiéndose en un costo adicional para el erario y para quienes circulan diariamente por ellas.

Por eso, si la Secretaría de Hacienda que encabeza Esther Ramírez pretende abrir una discusión seria sobre el uso de los recursos públicos, sería conveniente que la revisión no tuviera excepciones.

También habría que analizar el gasto destinado a comunicación social.

El tema resulta incómodo, pero necesario. Debe revisarse la concentración de recursos en determinadas agencias, la distribución de la publicidad oficial, la pertinencia del gasto público destinado a medios y el funcionamiento de estructuras gubernamentales como Radio y Televisión de Hidalgo.

Lo mismo ocurre con la proliferación de plataformas digitales que se presentan como medios de comunicación sin necesariamente contar con estructuras periodísticas consolidadas. El desafío de las áreas de comunicación gubernamental consiste en establecer criterios profesionales, transparentes y verificables para la asignación de recursos, sin permitir que la presión, la amenaza o la confrontación sustituyan la relación institucional con la prensa.

La libertad de expresión es un derecho fundamental y debe protegerse siempre. Otra cosa muy distinta es utilizarla como argumento para condicionar decisiones administrativas o presupuestales.

Ahí también hace falta orden.

Reducir el financiamiento de los partidos puede convertirse en una discusión importante, pero sería insuficiente si no forma parte de una revisión más amplia del gasto público.

Si la intención es cuidar verdaderamente los recursos del estado, entonces deberán analizarse estructuras, nóminas, contratos, obra pública, organismos, comunicación social y cualquier área donde exista margen para hacer más eficiente el presupuesto.

Los ahorros podrían dirigirse a infraestructura, servicios y programas que siguen siendo indispensables en comunidades donde las carencias continúan siendo evidentes.

Romper esquemas siempre genera resistencias.

Menchaca ya abrió la discusión al cuestionar cuánto cuesta sostener a los partidos políticos. Ahora falta conocer hasta dónde llegará esa voluntad de revisar el gasto público y si la misma vara se utilizará para todos.

La austeridad adquiere sentido únicamente cuando no existen privilegiados ni excepciones.

Y si el gobierno pretende mantener como una de sus banderas el combate a la corrupción y el cuidado del dinero público, entonces este puede ser un buen momento para demostrar que la revisión será integral y que nadie estará fuera de ella.