La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, destacó que, con la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, progresivamente en México, se podrá erradicar el hambre y la desnutrición, así como mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos.
Al considerar que el Poder Legislativo tiene una oportunidad crucial para garantizar justicia social para todos los mexicanos, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera dijo que, este Congreso legisla para el bienestar de esta generación y de las futuras generaciones.
Rivera destacó ante la Asamblea, que, durante los últimos cinco años, el Senado de la República ha avalado una cantidad significativa de decretos legislativos que han contribuido a mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos.
La senadora morenista sostuvo que su corazón está lleno de alegría.
“Quienes desde hace años compartimos la agenda por la soberanía alimentaria de México, tuvimos que esperar 10 años para que fuera posible la votación de la Ley Reglamentaria al Derecho a una Alimentación Sana y Adecuada”, destacó.
Consideró que el modelo planteado por esta legislación hace hincapié en la soberanía alimentaria, que reconoce a las y los agricultores como actores centrales del bienestar de la patria, al tiempo que traspasa el modelo de la mera mercantilización de los alimentos a la valoración de conocimiento y prácticas milenarias.
Acotó que, sin una ley reglamentaria, el contenido del derecho a la alimentación se quedaría en un mero enunciado y su alcance puede variar, según las interpretaciones de diferentes niveles de gobierno y posiciones ideológicas acerca de él.
Ante ello, dijo, que, como representantes del Poder Legislativo, están jurídicamente obligados a promulgar una legislación marco que sirva como instrumento para que, a través de todos los niveles de gobierno, se lleven a cabo esfuerzos efectivos destinados a hacer valer el derecho a la alimentación.
Sin embargo, reconoció que conflictos de interés, influencia económica y falta de voluntad política impidieron que en gobiernos anteriores se aprobara esta legislación.
Mencionó que el derecho a la alimentación, desde octubre de 2011, se reconoce explícitamente en la Constitución.
“A partir de ese momento, las instituciones del Estado están obligadas a tomar todas las medidas necesarias para garantizarlo”, manifestó la Senadora morenista.
