EL PUENTE ROTO ENTRE LA INTENCIÓN Y EL IMPACTO
Por: Bryan R.
En el quehacer público, es común que la narrativa oficial se centre de manera casi exclusiva en el «qué»: qué obra se inaugurará, qué apoyo se entregará o qué reforma se turnará al Congreso. Sin embargo, para la ciudadanía, la eficacia de un gobierno no reside en la magnitud de la promesa, sino en la bondad de su ejecución. El gran desafío que enfrenta hoy la administración pública en los diferentes órdenes de gobierno es acortar la distancia —muchas veces abismal— que separa al tomador de decisiones del territorio del “pueblo”.
En Hidalgo, es justo reconocer que la agenda pública estatal ha dado un giro significativo de justicia social y combate a las estructuras de privilegio que operaron por décadas. Existe una voluntad política clara de transformar la realidad de los sectores históricamente vulnerables. No obstante, esa voluntad suele chocar de frente con una realidad administrativa inerte: la burocracia operativa. Una política pública, por más noble que sea su intención, puede quedar atrapada en los engranajes de una maquinaria institucional que aún funciona con lógicas de control del siglo pasado, privilegiando el trámite sobre el resultado.
Desde una visión de gerencia pública, el problema central no suele ser la falta de recursos, sino la ausencia de indicadores de impacto que trasciendan el simple reporte de actividades. Un programa social no debe medirse por cuántos apoyos reparte, sino por cuánto reduce la brecha de desigualdad en una comunidad específica. Cuando una institución se concentra únicamente en «cumplir procesos», corre el riesgo de volverse eficiente para sí misma, pero irrelevante para la sociedad.
Para explicarlo de forma sencilla: un indicador de proceso nos dice que se compraron mil computadoras; un indicador de impacto nos dice cuántos niños aprendieron a programar gracias a ellas. Si el gobierno no transita hacia esta segunda métrica, corre el riesgo de administrar la carencia en lugar de solucionarla. El rediseño de la administración estatal debe enfocarse en la profesionalización de los mandos medios, aquellos que traducen la visión política en acciones cotidianas. Sin esta armonía entre la visión y la técnica, los proyectos corren el riesgo de ser solo destellos de buena voluntad que se apagan al terminar el turno de oficina.
La propuesta no es otra que la de una gobernanza basada en resultados. Esto implica que cada secretaría y cada organismo descentralizado debe funcionar bajo una hoja de ruta técnica donde la logística y la planeación estratégica no sean documentos de archivo, sino herramientas vivas. La crítica constructiva es necesaria: para que la transformación sea real, debe ser también una transformación administrativa. Un gobierno que se atreve a medir su éxito con el bienestar tangible del ciudadano, y no con la cantidad de reacciones mediáticas recibidas, es un gobierno que realmente apuesta por el futuro.
