Señala que directivos rotarios emprendieron una campaña que lesiona sus derechos ciudadanos y prestigio profesional
Pachuca de Soto, 16 de marzo de 2022.- El presidente electo del Club Rotario de Pachuca, Isidro Calva Cabrera, quien debe asumir su encargo en julio próximo para el periodo 2022-2023, denunció este miércoles actos de discriminación y delitos graves en su contra, esto durante una rueda de prensa en la que hizo ver que directivos del Club emprendieron una campaña que impacta sus derechos ciudadanos y su prestigio profesional.
“No me van a amedrentar y tampoco a impedir que asuma la presidencia del Club”, advirtió Calva Cabrera, quien preside a la fecha la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, (AMIC), Delegación Hidalgo, y es socio desde 2014 del Club Rotario de Pachuca.
Recordó que tras fungir como secretario del Club Rotario ganó una elección interna para presidir este organismo a partir de julio próximo con base en las normas de éste, pero de inmediato su triunfo activó una campaña en su contra, que incluye actos discriminatorios e inaceptables en un organismo que pronto cumplirá 100 años de existencia y que no se habían visto nunca.
Acusó a la presidenta Laura Anaya Vázquez, de intimidarlo al advertirle que no permitirá que tome posesión de su cargo “un negro y jodido”.
Añadió que Anaya Vázquez recibe asesoría legal del notario Pedro Luis Noble Monterrubio, también socio del Club, y con indicios de intereses particulares sobre los bienes del Club Rotario.
Calva Cabrera acusó igualmente que el aspirante a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, Javier Ramiro Lara Salinas, en contubernio con los directivos de este club, entre ellos Francisco Gerardo Baños Paz, le han hecho imputaciones falsas para obligarlo a ceder su lugar al primer visitador de Derechos Humanos.
Calva Cabrera dijo sin embargo que nadie lo va a intimidar y advirtió que se reserva el derecho de proceder legalmente para preservar su buen nombre y el de su familia.
Argumentó que hasta ahora se le ha negado el derecho de audiencia para emprender su defensa de la acusación, que conoció en el momento en el que le entregaron un oficio en el que presumiblemente habían contratado un perito y aumentaron la falsedad de la firma.
