Esta práctica inhibe el desarrollo económico
Pachuca.- Doralicia Martínez Bautista, diputada local, sometió a consideración del pleno del Congreso una iniciativa que reforma el artículo 216 del Código Penal para el estado de Hidalgo en materia de extorsión, que busca castigar el delito de cobro de «derecho de piso” con una pena de seis a 15 años de prisión y multa de hasta 750 días.
En su exposición de motivos, la legisladora indicó que el cobro de derecho de piso es una de las tantas formas de extorsión en las que servidores públicos o miembros de la delincuencia organizada obtiene cuantiosas ganancia, a costa de ciudadanos emprendedores y empresarios, quienes lamentablemente se ven obligados a “pagar” un “impuesto” “tributo” a bandas criminales, para poder desarrollar sus actividades.
Explicó que el delito de cobro de derecho de piso es propio de los grupos gansteriles italianos y ha sido adoptado con gran éxito por parte de miembros de grupos criminales que hoy operan en nuestro país
Añadió que según Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) menciona que los grupos criminales llegan a obtener al año hasta 12 mil millones de pesos por delitos de extorsión y cobro de piso, mismos que no bajan a pesar de la contingencia sanitaria por COVID-19.
Asimismo, dijo que el especialista recordó que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el delito de extorsión sumó dos mil 602 casos de enero a abril de 2020 y aseguró que este tipo de actividades delincuenciales no han disminuido a pesar del confinamiento sanitario.
Comentó que este delito está cada vez más diseminado en el país, sin que exista alguna industria que se salve. Por ejemplo, en el sector minero, y solo por mencionar una zona, el llamado “cinturón de oro” en Guerrero, se ha convertido en una “veta” atractiva para la delincuencia debido al cobro obligatorio de cuotas ilegales.
Señaló que otra veta en la que grupos criminales han puesto su mira es el cultivo de aguacate, también llamado «oro verde», ya que representa casi el 4.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola mexicano. Esto ha hecho que las bandas criminales estén profundamente interesadas en el negocio, motivo por el cual que amenazan y extorsionan a quienes siembran los aguacates en varias entidades federativas, pero principalmente en Michoacán.
Comentó que otra industria fuertemente afectada de manera reciente por el derecho de piso es la del transporte público, especialmente el que se registra en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México.
Sostuvo que Hidalgo no escapa a este tipo de actividades ilícitas, que van de la mano de otras conductas delictivas como despojos, fraudes, secuestros, homicidios y daño en propiedad, que son altamente lesivos, ya que con sus efectos minan el crecimiento económico de los municipios, los estados y, por ende, del país.
Además, dijo que este delito afecta el desarrollo social de las comunidades en donde ocurre, puesto que se inhibe la instalación de nuevos negocios y, por lo tanto, se impide la creación de empleos en la zona donde ocurre; muchas veces los propietarios de comercios se ven obligados a cerrar ante los ilegales y altos cobros que llegan a exigir, lo cual repercute en el aumento de la pobreza y la proliferación de la delincuencia común.
