A pesar de que la eutanasia es una práctica que está prohibida por el Código Penal Federal, la legisladora morenista de Tula de Allende, Hidalgo, insistió en que debe reconocerse el derecho a una muerte digna.
La diputada morenista Sharon Macotela, propuso reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, para que en México sea permitida la eutanasia para permitir una muerta digna a pacientes con enfermedades terminales.
Explicó que las modificaciones que propone darán una muerte digna sin sufrimiento, sin dolor, sin depresión y lo más importante el libre derecho a la autodeterminación a las personas, de tal manera es importante establecer la eutanasia activa como un acto de piedad.
Explicó que en varios estados del país está permitida la eutanasia pasiva o voluntad anticipada, la cual permite se rechacen tratamientos que prolonguen la vida.
Como se mencionó anteriormente, la Ciudad de México fue la primera entidad de la nación en aprobar la Ley de Voluntad Anticipada en enero de 2008; siguieron Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Sonora, Yucatán y Tlaxcala.
Cabe destacar que, en Hidalgo, en febrero del 2011, fue publicada en el Periódico Oficial, la Ley de Voluntad Anticipada, la cual establece las normas para regular y garantizar el otorgamiento de la voluntad anticipada ante Notario Público, o excepcionalmente ante el médico tratante estando enfermo en fase terminal.
Lo anterior, dijo, para ejercer el derecho a medidas terapéuticas, incluyendo cuidados paliativos, y rechazar tratamientos extraordinarios que la sitúen en obstinación terapéutica, con la pretensión de prolongar de manera innecesaria su vida.
“La eutanasia activa no está reconocida en el marco jurídico federal ni del
Estado de Hidalgo, representando una limitante para la autodeterminación de los pacientes en estado terminal y de quienes no desean someterse a procedimientos y tratamientos que puedan resultar invasivos”, señaló.
La iniciativa fue enviada a las Primeras Comisiones conjuntas de Seguridad Ciudadana y Justicia y de Salud, para su análisis.
