En una reunión con magistrados locales dijo que aún no se sabe si el tema de tribunales locales electorales estará incluido en la reforma, aunque la mayoría defendió la presencia de estos en cada entidad federativa.
El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal adelantó que la iniciativa de reforma electoral podría llegarles en el mes de enero.
Tras reunirse con magistrados para dialogar sobre la reforma electoral, el legislador morenista dijo que, de ser así, la Cámara de diputados buscaría aprobarla por consenso o por mayoría calificada.
“No hay una línea política aún de definición sobre ese tema”, aseguró.
El político zacatecano pidió a los magistrados mantener la comunicación y hacer más reuniones, quizás en enero, para revisar la iniciativa sobre todo en lo relativo a los tribunales locales electorales.
“Lo que les puedo decir es que su voz será escuchada y que tendremos una comunicación intensa para que podamos precisar con toda seriedad lo que interese a la justicia electoral”, apuntó.
Durante la reunión, a la que acudió el diputado Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Mesa Directiva, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal subrayó que los temas de violencia política y de la parte de inteligencia artificial son importantes.
Intervención de magistrados de tribunales electorales locales
El magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, José Jesús Hernández Rodríguez, comentó que los tribunales electorales locales son una expresión del federalismo judicial, que permiten que cada entidad ejerza su autonomía en la administración de justicia electoral; su permanencia refuerza la legitimidad del federalismo cooperativo y evita el riesgo de una justicia electoral centralizada y distante.
Abundó que la existencia de tribunales locales desconcentra la carga jurisdiccional del sistema nacional.
“La existencia de un federalismo judicial-electoral con autonomía, la pluralidad en la tutela de los derechos político-electorales, desconcentración y eficacia judicial, estabilidad democrática en las entidades federativas, una justicia cercana, con acceso efectivo, con inmediatez y legitimidad social, requieren de la presencia de los tribunales electorales locales por ser el primer eslabón en la cadena de impartición de justicia electoral en el país y el vínculo inmediato con la ciudadanía”, añadió.
A su vez, el magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, Vladimir Gómez, entregó dos estudios; uno, en el contexto de la discusión de la reforma del 2021 y, el segundo, una actualización con datos de 2022, 2023 y 2024 relativos al desempeño y el costo de varios tribunales electorales.
“Creemos que no hay mejor manera de defender el trabajo de los tribunales si no es con datos objetivos, con datos duros”.
Subrayó que entre el 93 o 95 por ciento de los asuntos que se tramitan a nivel local son resueltos por los tribunales electorales locales, con un costo porcentual de 0.08 en años no electorales y 0.09 por ciento en años electorales en cuanto a presupuestos estatales.
“Más allá de la percepción que existe de que a final de cuentas todo lo resuelve el Tribunal Federal, es falso. Desaparecer a los tribunales locales implicaría que esos asuntos se van a dejar de resolver”.
Por su parte, Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada del Tribunal Electoral de Puebla, agradeció la apertura para dialogar con magistrados locales y destacó el espíritu de federalismo que siempre se ha vislumbrado en el entonces senador Monreal y en donde él expresó su preocupación por fortalecer la judicatura electoral en las entidades federativas.
Puntualizó que Monreal, está del lado de la jurisdicción electoral local y nos apoya para seguir fortaleciendo esta democracia en la que está consolidándose el país.
“México nos necesita más unidos y fuertes, pues estamos aquí, la judicatura electoral local, para seguir sirviendo a nuestro país y nuestras entidades federativas”.
Para la magistrada del Tribunal Electoral de Michoacán, Alma Rosa Bahena Villalobos, es necesaria la armonización de la legislación federal para hacer compatible la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación, a partir de la cual las magistraturas se eligen popularmente.
Existen ciertas restricciones normativas que impiden que las personas que quieren aspirar a un cargo de magistratura electoral no pueden por haber sido candidatas los seis años previos a asumir el cargo.
Consideró importante revalorar la conveniencia de no empatar las elecciones del Poder Judicial con las de los otros poderes, porque eso genera una evidente y desproporcionada inequidad en la contienda o, en caso de permanecer en sus términos, garantizar la posibilidad de contratar redes sociales, por lo menos, con el financiamiento personal de las candidaturas y en las áreas de la demarcación en donde le corresponde el distrito o circunscripción; es decir, remover obstáculos que restringen el acceso efectivo a medios de comunicación durante la campaña.
La magistrada del Tribunal Electoral de Oaxaca, Gloria Ángeles Cruz López, refrendó su compromiso con los pueblos y comunidades indígenas. Propuso una gestión y presupuesto eficientes, plan anual con metas claras y tablero público de avance, coordinación contra la violencia política de género, registro conectado con los estados y protocolo de medidas urgentes, así como apertura judicial que genere confianza, audiencias de oídas calendarizadas, resoluciones en lenguaje claro y cuando proceda traducción a lengua indígena, con seguimiento del cumplimiento.
“Fortalecer la justicia electoral desde los estados, no solo exige estructuras más grandes, sino mayor eficiencia, sensibilidad social y capacidad de respuesta. Los tribunales estatales son el punto de acceso inmediato para que la ciudadanía y, en particular las mujeres, incluidas las pertenecientes a pueblos y comunidades originarias, encuentren protección, dignidad y reconocimiento de sus derechos político-electorales”, estableció.
En tanto, Magali Anabel Arellano Córdova, magistrada del Tribunal Electoral de Chiapas, solicitó facultar a los tribunales electorales para suspender derechos políticos-electorales a personas sancionadas por violencia política de género, ya que es una grave violación a los derechos humanos y una amenaza directa a los principios democráticos de equidad, legalidad y representación; es una medida urgente, viable y constitucionalmente defendible.
Estimó que representa un paso firme a una democracia paritaria, libre de violencia y verdaderamente incluyente.
La chiapaneca, hizo votos para que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral incluya en sus trabajos legislativos una reforma integral que reconozca la autoridad de los tribunales electorales para imponer sanciones con efectos políticos reales, proteja el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en los espacios públicos.
A su vez, la magistrada del Tribunal Electoral de Chihuahua, Adela Alicia Jiménez, hizo notar que ante el uso de la inteligencia artificial se enfrenta el desafío de la legitimidad, la independencia y eficacia, por lo que se plantea que las herramientas tecnológicas se aprovechen sin renunciar a los principios rectores que sostienen la legitimidad democrática.
Se busca incorporar el principio de innovación tecnológica en la justicia electoral en el artículo 99 de la Constitución, implementar un sistema nacional de interconexión jurisdiccional, validez jurídica del expediente judicial electrónico, implementar tribunales abiertos con la finalidad de regular la celebración de audiencias públicas.
Asimismo, establecer mecanismos de participación ciudadana, consultas, encuestas, institucionalizar observatorios de ciudadanos digitales vinculados a los tribunales locales integrados por academia y sociedad civil, y contar con un código de ética digital en la justicia electoral, precisó.
Yari Zapata López, magistrada del Tribunal Electoral de Guanajuato, manifestó que la justicia electoral se construye desde el ámbito local, porque ahí “conocemos las particularidades de cada entidad federativa y de cada situación que se está viviendo en el día a día en la cercanía”.
Detalló que, si bien en Guanajuato se tiene implementado por ley el juicio ciudadano en línea es muy bajo el porcentaje que usa la ciudadanía.
“El hecho de que se privilegie la justicia local me parece que es en beneficio de toda la sociedad y la ciudadanía, no solo de Guanajuato, sino del país, que seguimos con una brecha digital muy amplia. Creo que la cercanía de los tribunales locales me parece fundamental”.
