La senadora del PAN dijo que la propuesta del presidente generará más costos para la producción de energía
México.- Ante la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica en beneficio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Xóchitl Gálvez, integrante de la Comisión de Energía en el Senado de la República, advirtió que la iniciativa viola el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y favorece el monopolio.
En entrevista radiofónica para el Heraldo de México, la senadora del PAN explicó que en el acuerdo comercial tiene un artículo sobre las empresas del Estado, en el que establece que no se puede dar preferencia a las empresas públicas sobre las privadas.
Agregó que la advertencia de los empresarios de que se trata de una “expropiación indirecta “, es real y busca eliminar la competencia para que todo mundo compre la energía eléctrica a CFE aunque ofrezca precios más caros.
«Las empresas que tienen autoabasto como cementeras, de servicios, bancos que por compromisos internacionales, tomaron la decisión de producir energías limpias, con esa decisión de cancelar esos contratos las estás obligando a que vayan a comprarle la electricidad a CFE a costos más altos y las puedes sacar del mercado, si es una especie de simulación, pero en el fondo lo que quieren es que nadie más que la CFE produzca electricidad”, advirtió la legisladora.
“La iniciativa es muy regresiva, no sólo porque privilegia las energías que provienen de los hidrocarburos, sino que efectivamente se mete con dos tipos de contratos, los productores independientes de energía, donde ellos van a decidir que empresa cometió un acto de corrupción sin que hubiera ningún juicio de por medio, ni nadie castigado por corrupción para revocarle los permisos”, señaló.
La senadora Xóchitl Gálvez también resaltó que si las reformas son aprobadas por la mayoría de Morena en el Congreso, subirán los precios de la electricidad. Además dijo que habrá amparos, controversias, paneles, contra la decisión, algo que provocaría que México pagara millones de pesos al final de la resolución de las controversias.
