Ante amenaza de Salinas Pliego de acudir a instancias internacionales, la presidenta Sheinbaum reiteró que no habrá negociación ni trato especial en el pago de los créditos fiscales pendientes
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió con firmeza al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien anunció que recurrirá a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar los créditos fiscales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le exige cubrir.
“Toma chocolate, paga lo que debes”, expresó Sheinbaum durante su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, en alusión al mensaje del magnate.
La mandataria negó la existencia de cualquier acuerdo con el dueño de TV Azteca y Grupo Elektra, insistiendo en que la única opción es que cumpla con sus obligaciones fiscales, sin necesidad de mesas de diálogo ni arreglos especiales.
“Nunca se llegó a ningún acuerdo y, además, si hubieran querido pagar, pues hubieran pagado desde hace tiempo”, declaró.
El pasado fin de semana, durante la celebración de su cumpleaños, Salinas Pliego aseguró estar dispuesto a liquidar su deuda con el SAT en un plazo no mayor a 10 días, y publicó en redes sociales una serie de documentos dirigidos al gobierno federal, al SAT y a la propia Sheinbaum, donde presuntamente manifestaba su intención de regularizar su situación.
En respuesta, la presidenta aclaró que los adeudos se originaron desde 2008, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que “ni siquiera son créditos fiscales del gobierno de López Obrador”.
Por su parte, Arturo Medina, actual subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, desmintió públicamente que haya existido un acuerdo con el empresario, como lo afirmó Grupo Salinas en su comunicado. “Esa supuesta reunión y el acuerdo que mencionan son falsos”, aseguró el funcionario durante la misma conferencia.
Con este nuevo capítulo, la controversia entre el gobierno federal y Salinas Pliego escala a nivel internacional, mientras el SAT mantiene firme su postura: el empresario debe pagar los impuestos que le corresponden, sin excepciones.
