El fallo entra en vigor en 30 días y deja pendiente el debate constitucional de fondo; opositores preparan nuevas impugnaciones
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes al presidente Donald Trump a implementar, de manera parcial y temporal, su polémica política para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento en determinadas regiones del país, mientras continúan los litigios legales sobre su constitucionalidad.
Con una votación de 6 a 3, alineada en líneas ideológicas, la mayoría conservadora del tribunal —en una decisión redactada por la jueza Amy Coney Barrett— sostuvo que la medida presidencial puede avanzar en ciertos estados, aunque subrayó que no entra en vigor sino hasta dentro de 30 días, dando tiempo para que se presenten más impugnaciones legales.
Si bien la Corte no se pronunció sobre el fondo constitucional del caso, es decir, si la orden ejecutiva de Trump viola la Enmienda 14, que establece la ciudadanía por nacimiento, el fallo representa una importante victoria política para el mandatario, quien ha hecho de la inmigración uno de los ejes de su segundo mandato.
La decisión también cuestiona el alcance del poder de los jueces federales para emitir fallos con efectos nacionales, herramienta que ha sido clave en años recientes para frenar o suspender políticas tanto de gobiernos republicanos como demócratas.
Reacciones e implicaciones
Organizaciones defensoras de derechos civiles y líderes demócratas condenaron la resolución, calificándola como un ataque directo a los principios constitucionales de igualdad y ciudadanía.
Por su parte, la Casa Blanca celebró el fallo como una señal de respaldo al endurecimiento de políticas migratorias.
Aunque el impacto inmediato está limitado a ciertas regiones, expertos legales advierten que este precedente podría abrir la puerta a reinterpretaciones del derecho de nacimiento, vigente desde 1868.
En tanto, los tribunales inferiores deberán resolver en los próximos meses los múltiples recursos presentados en contra de la orden ejecutiva, lo que probablemente conducirá a un nuevo debate constitucional en la Corte Suprema en el futuro cercano.
