Envían a comisiones de Justicia y cuenta pública la iniciativa sobre ley general contra la extorsión
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió la iniciativa presidencial mediante la cual se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El documento también reforma, adiciona y deroga disposiciones del Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión, tiene como objetivo establecer un tipo penal único de extorsión, aplicable en todo el país, así como homologar sanciones y definir agravantes para las distintas modalidades de este delito.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados de México, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz concentran el 61.1% de las víctimas de extorsión registradas en 2024 y en lo que va de 2025, siendo el Estado de México el más afectado, con 28.5% de los casos.
La iniciativa propone penas de seis a quince años de prisión y multas de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quien obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, con ánimo de lucro o causando daño patrimonial, moral, físico o psicológico.
Asimismo, contempla sanciones para quienes cooperen o faciliten la comisión del delito, incluyendo el ingreso de dispositivos electrónicos a centros penitenciarios, comúnmente empleados en extorsiones telefónicas.
Con esta ley, el Gobierno de México busca fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, garantizar la protección integral de las víctimas y testigos, e incorporar enfoques de género, de niñez y de no revictimización en la aplicación de la justicia.
La iniciativa responde a la reciente reforma constitucional publicada el 9 de octubre de 2025, que faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión a nivel nacional.
