La diputada Blanca Araceli Narro Panameño (Morena) presentó una iniciativa para obligar a partidos políticos y actores electorales a recabar el consentimiento por escrito de padres o tutores cuando niñas, niños o adolescentes aparezcan en propaganda política o electoral, con el fin de proteger el interés superior de la niñez.
Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), a fin de regular el uso de la imagen de personas menores de edad en propaganda política o electoral.
La propuesta plantea adicionar un numeral 5 al artículo 247 de la LGIPE, para establecer que cuando en la propaganda política o electoral aparezcan personas menores de 18 años, ya sea de manera directa o incidental, los partidos políticos, coaliciones o personas físicas o morales vinculadas al proceso electoral deberán recabar por escrito el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela.
En caso de no contar con dicho consentimiento, la iniciativa precisa que se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que permita identificar a niñas, niños o adolescentes, con el propósito de garantizar el interés superior de la niñez.
El documento, turnado a la Comisión de Reforma Política-Electoral, señala que en los últimos procesos electorales se ha observado un uso indiscriminado de imágenes de menores de edad en actos proselitistas, tanto en contextos directos como incidentales, en muchos casos sin el consentimiento informado de madres, padres o tutores, lo que expone a la niñez a riesgos como hostigamiento o uso indebido de datos personales.
La legisladora advierte que, con frecuencia, los responsables legales desconocen que la imagen de sus hijas o hijos ha sido utilizada con fines políticos, lo que impide una reacción oportuna para solicitar su retiro. Esta situación se agrava en el entorno digital, donde los contenidos pueden difundirse y replicarse de forma masiva en cuestión de minutos, volviendo prácticamente imposible su eliminación.
Narro Panameño subraya que la aparición de niñas, niños o adolescentes en propaganda electoral sin consentimiento vulnera su intimidad, identidad y reputación, y puede implicar un riesgo real al vincularlos de manera involuntaria con ideologías o posturas políticas, afectando su desarrollo presente y futuro en los ámbitos escolar, social y familiar.
La diputada destacó que la reforma busca establecer reglas claras y obligatorias para el uso de la imagen, voz o datos personales de personas menores de edad en propaganda político-electoral, como una medida indispensable para su protección integral y para cumplir con el mandato constitucional e internacional de priorizar el interés superior de la niñez.
Finalmente, afirmó que exigir el consentimiento informado y por escrito de madres, padres o tutores permitirá evitar abusos, otorgar certeza jurídica a los actores políticos y enviar un mensaje claro de respeto y responsabilidad hacia la niñez en el contexto de los procesos electorales.
