Pero, el exprocurador permanecerá bajo resguardo domiciliario, con brazalete electrónico y otras restricciones, debido a que enfrenta un segundo proceso penal en el que continúa vigente la prisión preventiva justificada
Un juez de control adscrito al Reclusorio Norte, determinó retirar la medida de prisión preventiva justificada al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en una de las causas penales que enfrenta por el caso Ayotzinapa.
La resolución se tomó luego de considerar que el proceso penal se ha prolongado por más de dos años debido a circunstancias ajenas y no atribuibles al exfuncionario.
Sin embargo, la decisión no significa que Murillo Karam recupere su libertad plena, ya que en este expediente se le impusieron medidas cautelares menos restrictivas. Entre ellas se encuentra el resguardo domiciliario obligatorio, el uso de un brazalete electrónico, la prohibición de salir de la Ciudad de México y la restricción de acercarse o comunicarse con las víctimas relacionadas con el caso.
A estas condiciones se suma que el exprocurador enfrenta un segundo proceso penal radicado en el Reclusorio Sur, relacionado con presuntos actos de tortura y desaparición forzada en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”. En esta causa continúa vigente la medida de prisión preventiva justificada.
Por ello, Murillo Karam permanecerá en reclusión domiciliaria en su residencia ubicada en Lomas de Chapultepec. La resolución del Reclusorio Norte contempla además que pueda salir de su domicilio para recibir atención médica, únicamente en casos de emergencia debidamente justificados.
El exprocurador fue detenido en agosto de 2022 y posteriormente procesado por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y la denominada “verdad histórica”.
Desde 2024, Murillo Karam había obtenido el beneficio de continuar sus procesos bajo resguardo domiciliario, debido a su edad avanzada y a su estado de salud.
Con la nueva determinación judicial, el exfuncionario continuará enfrentando desde su domicilio los procesos penales que permanecen abiertos en su contra, mientras las autoridades judiciales resuelven el desarrollo de ambos expedientes.
