La excandidata presidencial cuestionó las diferencias entre los datos presentados por Claudia Sheinbaum y los registros del INEGI; pidió crear un grupo independiente para investigar las discrepancias
Xóchitl Gálvez Ruiz acusó al Gobierno federal de presentar cifras de homicidios dolosos que, a su consideración, no corresponden con los registros oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que señaló que podría existir un manejo político de las estadísticas de seguridad.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Gálvez cuestionó que la presidenta Claudia Sheinbaum haya informado, durante su Segundo Informe de Gobierno, una reducción de 51 por ciento en los homicidios dolosos, mientras que, según afirmó, al comparar los datos con los del INEGI se identificaron más de cinco mil homicidios ocurridos durante 2025 que no habrían sido contabilizados en las cifras presentadas por el Ejecutivo.
La también exsenadora sostuvo que las diferencias no se limitan al informe más reciente. Recordó que, durante su Primer Informe, Sheinbaum destacó una disminución de 25 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, mientras que, de acuerdo con los datos del INEGI citados por Gálvez, las defunciones por homicidio registradas entre 2024 y 2025 disminuyeron 12.1 por ciento.
“Es decir, la comisión de este delito sí ha disminuido, pero no en las dimensiones que nos quiere hacer creer el oficialismo”, expresó.
También planteó que las discrepancias podrían deberse a información que no llega correctamente a la Presidencia o a una presentación de resultados que favorece la imagen del gobierno federal.
Gálvez consideró que la seguridad pública debe evaluarse con información verificable y pidió la creación de un grupo independiente del Gobierno federal que investigue las diferencias entre las estadísticas oficiales y los registros del INEGI.
“No hay políticas públicas exitosas sin datos confiables”, señaló, al advertir que la falta de claridad en las cifras puede afectar la credibilidad de las instituciones y la evaluación de las estrategias de seguridad.
Por otra parte, la política lamentó el asesinato del periodista Eduardo Flores, ocurrido en Acapulco, Guerrero, y sostuvo que la violencia contra comunicadores representa una agresión a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a mantenerse informada.
































































