Hace unos días en un recorrido por una colonia del Municipio de Querétaro me tope con una mujer que me platico su experiencia al tener una hija con discapacidad que fue violada, ella desesperada argumentó que ha ido varias veces a la Fiscalía a denunciar y a corroborar el seguimiento de su delación del cual jamás ha obtenido una respuesta.
En México, en el año 2020, el 98.6% de casos de abusos sexual no se denunciaron y en datos de La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 5 millones de mujeres son víctimas de delitos sexuales y acoso callejero. NO podemos continuar así. Lo he reiterado en demasiadas ocasiones, la generación de Políticas Públicas que coadyuven para prevenir este tipo de delitos gravemente condenables es una prioridad no solo para México, para el mundo.
Tenemos un largo camino por recorrer reforzar y crear nuevas estrategias que coadyuven a la prevención y erradicación de la violencia en razón de género en contra de las mujeres a través de un buen uso del recurso público para generar condiciones de apoyo a las mujeres víctimas de estas problemáticas tan traumantes. Requerimos una procuración de justicia con las víctimas vinculadas a la violencia de género pero en donde SI se haga justicia y un seguimiento adecuado.
No olvidemos el que la impunidad es rampante. El 99% de las denuncias quedan desechadas y en el olvido. Y no puede pasar desapercibido el Estado de Querétaro en donde en datos del BANAVIM, aproximadamente 200 mujeres denuncian violencia sexual en el núcleo familiar.
Con el combate a al corrupción e impunidad que ha implementado el Presidente Andrés Manuel López Obrador y a través de la Ministra Olga Sánchez Cordero, a menudo se da atención a través de mesas de diálogo y posicionamientos en contra de la violencia en sus diversas tipologías.
Los delitos sexuales y de género deben ser considerados como violaciones graves en los derechos humanos de una mujer, crímenes de lesa humanidad en donde se pueda exigir una responsabilidad penal a las personas por sus actos y una pena de encarcelamiento para hacer justicia.
Reiterando siempre el visibilizar y evidenciar la necesidad tan latente en nuestro país y en el orbe de incorporar acciones gubernamentales con enfoque de género.
