Millones de familias mexicanas siguen sin acceder a una vivienda digna ni a servicios básicos, pese a que son un derecho constitucional. La falta de certeza jurídica y el uso político de la escrituración profundizan la desigualdad.
El derecho constitucional de todos los mexicanos a una vivienda digna sigue siendo, para millones de familias, letra muerta. Cerca del 40% de los hogares en el país no han podido acceder a un pedazo de tierra para construir, ya sea por el alto costo del suelo o, sobre todo, por lo insuficiente de sus ingresos. Tras décadas de trabajo, miles de familias ven imposible ahorrar lo necesario: salarios bajos, servicios caros y una canasta básica cada vez más inaccesible hacen de la vivienda un sueño lejano.
La realidad es dura: millones viven en casas rentadas, hacinados con familiares o en terrenos prestados. Según datos oficiales, 14 millones de familias mexicanas carecen de un hogar propio. Sin embargo, la organización ha marcado la diferencia. Más de 100 mil familias han logrado un techo gracias a la lucha del Movimiento Antorchista, que a lo largo del país ha gestionado y exigido soluciones ante gobiernos a menudo indiferentes.
El primer paso es conseguir un lote a precios accesibles y con facilidades de pago. Después viene otra batalla: dotarlo de servicios básicos y obtener escrituras. Aquí surge el verdadero calvario. Muchas colonias, aunque consolidadas, carecen de certeza jurídica porque los lotes fueron vendidos sin permisos de fraccionamiento o en condiciones irregulares. Bajo ese pretexto, autoridades estatales y municipales niegan servicios básicos, pese a que la Constitución establece que agua, luz o drenaje son derechos de los mexicanos, sin condicionarlos a la regularización.
Peor aún, la escrituración se utiliza políticamente: en Pachuca, por ejemplo, vecinos denuncian que se les promete regularizar gratis a cambio de abandonar su organización, promesas que rara vez se cumplen. En realidad, lo que buscan es dividir a las colonias y debilitar la fuerza de quienes exigen justicia.
Si de verdad queremos soluciones al problema de la vivienda, de los servicios básicos, de la educación o de la salud, la única vía duradera es la organización del pueblo. Solo así se puede enfrentar a gobiernos que administran las necesidades del pueblo trabajador según sus intereses políticos y no conforme al mandato de la justicia social.
