Hemos observado algunas inquietudes y dudas sobre la reforma eléctrica de López Obrador. Es importante aclarar que esta reforma busca la soberanía de los ciudadanos mexicanos a través de la energía eléctrica enfocada a la explotación del litio para su almacenamiento, cuyo yacimiento más grande del mundo se encuentra en nuestro país, en el Estado de Sonora. Este mineral, cabe recalcar no será concesionado, sino será usado para beneficiar a los mexicanos y su explotación será facultad exclusiva del Estado. En este artículo nos enfocaremos en revisar los puntos a favor de la nueva reforma eléctrica.
Uno de los objetivos fundamentales es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Anteriormente, cuando los subsidios de la Reforma Energética se brindaban, desaparecían porque sólo existía un organismo encargado de la generación, distribución y administración de la energía. Por lo que se perdían los contratos de abastecimiento. En contraste, ahora las grandes cadenas comerciales tendrán que comprar su energía a través de la CFE, lo que impide que existan estas lagunas de recursos.
La iniciativa de decreto consta de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y, 9 transitorios, donde la iniciativa privada obtiene una participación del 46 %. En contraste, la CFE será la encargada de la producción y despacho del 56 % de la energía generada por México. También se extinguirán los organismos que ayudaban a acotar funciones de la CFE, así como aquellos que beneficiaban directamente a productores privados; por ejemplo, a la Comisión Reguladora de Energía o a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Si comparamos a otros sexenios y a su implementación de reformas energéticas, encontramos a la de Enrique Peña Nieto, en la que la energía la generaban en un 62 % el sector privado y un 38 % la Comisión Federal de Electricidad. A diferencia de Peña Nieto, López Obrador modificará de modo que la Comisión sea mas independiente en la generación de energía.
En resumen, el fortalecimiento de la CFE, la implementación de artículos en la Constitución y la extinción de organismos, representarán un cambio positivo en el uso de la energía eléctrica en nuestro país. Las políticas demuestran que se garantizarán precios justos para todo México; se asegurará la desaparición de privilegios a grandes empresas que pagaban mucho menos por la energía eléctrica y se revertirán absolutamente todas aquellas políticas donde se favorecían a un sector reducido de la población. Ahora, el interés comunitario es prioridad al interés individual.
