El proyecto sugiere prohibir este tipo de productos y la regulación de bioinsumos
Ciudad de México, 30 de septiembre de 2022.- Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, en el Senado de la República, se instalaron en sesión permanente, con el propósito de analizar con mayor amplitud el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de plaguicidas y regulación de bioinsumos.
Este proyecto propone que la Secretaría de Salud promueva la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos y otros que perjudiquen la salud humana y los ecosistemas, además de la transición hacia la utilización de sustancias naturales.
También se incluye la definición de bioinsumo, como aquel producto no tóxico ni peligroso para la salud humana con origen en organismos vivos, elaborado a base de sustancias y/o procesos naturales, que son utilizados en la producción agrícola, acuícola, pecuaria y forestal.
La presidenta de la Comisión de Salud, Lilia Margarita Valdez Martínez, hizo la propuesta para que el 31 de octubre, las comisiones se reúnan nuevamente para analizar y atender las solicitudes de las y los senadores, con el fin de llegar al consenso, anteponiendo el interés de la salud pública y de la seguridad alimentaria.
Informó que más de 35 países en el mundo han prohibido el uso de estas sustancias, no obstante, en México se comercializan y se hace negocio. En Canadá, Estados unidos, Austria, Argentina, Chile y Suiza ya no se usan, advirtió.
En este sentido, llamó a al pueblo de México a apoyar la propuesta, la cual, tiene el propósito de que los “venenos” -plaguicidas- dejen de estar en las tierras y las aguas, y que nadie se había atrevido a plantear durante años. Además, aseguró que se apoyará a los agricultores que son quienes sufren las consecuencias del uso de estos productos.
A su vez, el senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, se pronunció a favor de eliminar los productos que dañan la salud, y subrayó la urgencia de conocer el respaldo técnico-científico sobre el impacto económico que tendría la utilización de bioinsumos, cómo será la transición gradual y cuál es el impacto económico sobre los productores.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, promovente del dictamen precisó que la propuesta tiene el objeto de reglamentar el derecho humano a la salud en términos del artículo 4 constitucional.
Por otra parte, el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué solicitó el retiro del dictamen, ya que, en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, que preside, se analiza una minuta proveniente de la Cámara de Diputados, por la que se reforma la Ley General de Equilibrio Ecológico, referente a la prohibición de plaguicidas altamente peligrosos y relacionada con el principio precautorio.
La presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Nancy Sánchez Arredondo, manifestó que no está en contra del dictamen, pero aseguró que el sector primario es el más afectado, por lo que debe estar enterado de los alcances del proyecto.
El senador José Antonio Cruz Álvarez Lima, de Morena indicó que la política del gobierno federal busca sustituir gradualmente los plaguicidas peligrosos por mejores alternativas como los bioinsumos; planteamiento que se ha trabajado desde diversas dependencias federales.
Del mismo Grupo Parlamentario, María Merced González González señaló que el glifosato es uno de los componentes activos del herbicida más usado en el país, el cual ha sido catalogado como cancerígeno por la Agencia sobre la Investigación sobre el cáncer, de la OMS.
Adicionalmente, el senador José Narro Céspedes, también de Morena, dijo que la propuesta responde al bien superior de la salud de las personas y llamó a Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a reglamentar los bioinsumos.
En la reunión, las y los legisladores aprobaron también, en votación económica, un dictamen por el que se reforman diversos artículos de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a fin de modificar el nombre del Instituto Nacional de Salud Pública por el de “Instituto Nacional de Salud Pública Guillermo Soberón».
