Senadores propusieron que las niñas, niños y adolescentes violentados sean tratados con sensibilidad durante los juicios
Ciudad de México, 16 de agosto de 2022.- Las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y Estudios Legislativos Segunda avalaron el dictamen que incorpora, entre los principios rectores de la Ley General de sus derechos, los principios de mínima intervención y de no revictimización de menores y adolescentes en los juicios.
En esta iniciativa se destaca que se necesita procurar la menor invasión a la integridad psicoemocional de la niñez mexicana. Lo que se traduce, en una intervención mínima en el juicio para evitar alterar su mente o exponerlos a algún tipo de estado de estrés que no es propio de su edad.
Las y los legisladores plantearon adiciones al artículo 4 de la referida Ley para que los infantes, al ser llamados a juicio para emitir su opinión en todo lo que les concierne, sea el menor número de veces posibles y siempre y cuando se haga fuera del horario escolar.
En el caso de que los infantes intervengan en procedimientos judiciales como víctimas o testigos, las personas juzgadoras deben tomar las medidas necesarias para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes.
El documento plantea un problema social que pone en riesgo el sano desarrollo de la niñez mexicana, como las alteraciones emocionales, los malos recuerdos que podrían llegar a ser traumáticos en niñas, niños y adolescentes, que por problemas judiciales de sus padres vivan una buena parte de su infancia visitando un juzgado.
Las y los senadores de las comisiones, que presiden las senadoras Josefina Vázquez Mota y Ana Lilia Rivera Rivera, respectivamente, subrayaron que la revictimización de niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales se asocia al desconocimiento de la construcción del interés superior de la niñez.
Además, precisaron que quienes toman el testimonio de los menores ante las fiscalías, por lo general no poseen entrenamiento en el trato a este grupo, ni la ley contempla directrices específicas que deban respetárseles en su calidad de víctimas.
Por ello, consideraron que los niños y sus padres sean informados debidamente y con prontitud por el sistema judicial u otras autoridades competentes, como la policía, servicios de inmigración o servicios educativos, sociales o sanitarios.
Así como, quienes hayan sido víctimas de actos de violencia deben ser tratados con tacto y sensibilidad durante todo el procedimiento judicial, y tener en cuenta su situación, sus necesidades, su edad, su sexo, los impedimentos físicos que puedan tener y su nivel de madurez.
Remarca respetar plenamente su integridad física, mental y moral y en la medida de lo posible, subrayaron, la intervención judicial debe ser de carácter preventivo, así como fomentar activamente un comportamiento positivo y prohibir los comportamientos negativos.
