Durante un foro en San Lázaro, colectivos y familiares de víctimas exigieron fortalecer la prevención del feminicidio en México, garantizar la aplicación de las órdenes de protección y reparar integralmente el daño a las familias afectadas
La prevención de la violencia contra las mujeres, la respuesta oportuna de las autoridades y el acceso efectivo a la justicia deben ser ejes centrales de la nueva legislación contra el feminicidio, coincidieron representantes de colectivos y familiares de víctimas durante el foro nacional “Ley contra el feminicidio en México”, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
El encuentro fue organizado por la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y reunió testimonios y propuestas para fortalecer la protección de las mujeres, mejorar la actuación de las instituciones y garantizar la reparación integral del daño a las víctimas indirectas.
Las participantes advirtieron que el endurecimiento de las penas no es suficiente si las autoridades no intervienen oportunamente ante amenazas, agresiones y señales de riesgo.
Piden evaluar la eficacia de la prevención
Valeria Lisset Villar Parra, integrante del colectivo Democracia Sin Miedo, señaló que entre enero y agosto de 2026 se registraron 440 víctimas clasificadas como feminicidio en México, de acuerdo con la cifra expuesta durante el foro. Precisó que este dato corresponde a los casos clasificados bajo ese delito y no al total de mujeres asesinadas en el país.
Al referirse al proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo Federal, que contempla penas de entre 50 y 70 años de prisión, sostuvo que la discusión legislativa también debe centrarse en la capacidad institucional para proteger a las mujeres antes de que sean asesinadas.
“¿De qué les sirven 70 años de prisión a una mujer que necesitaba protección 70 minutos antes?”, cuestionó.
Villar Parra aclaró que no cuestiona la necesidad de imponer sanciones proporcionales a la gravedad del delito, sino que llamó a distinguir entre la severidad de las penas y la eficacia de las políticas preventivas.
Entre los aspectos que propuso evaluar mencionó los tiempos de respuesta ante las denuncias, la ejecución y supervisión de las medidas de protección, la disponibilidad de personal especializado y las responsabilidades de las instituciones cuando incumplen sus obligaciones.
También planteó establecer indicadores públicos y mecanismos de evaluación que permitan verificar los resultados de la legislación.
“Una amenaza no necesita terminar en feminicidio para merecer atención, una agresión no necesita convertirse en violencia letal para justificar una intervención y una mujer no debería tener que morir para que finalmente reconozcamos que verdaderamente estaba en peligro”, expresó.
Exigen que las órdenes de protección se cumplan
Por su parte, Paola Vanessa Navacalvo, integrante de la Colectiva Asesoría Legal Feminista, afirmó que la respuesta legislativa debe priorizar la prevención, la atención inmediata y la protección efectiva de las mujeres, además de establecer sanciones para quienes cometan feminicidio.
“No sirve de nada que la ley le ponga que ya… 105 años… tenemos que irnos a la prevención”, manifestó al señalar que el incremento de las penas no resuelve por sí mismo el problema si las autoridades no actúan antes de que las agresiones escalen.
Entre sus propuestas destacó fortalecer las acciones preventivas en sus distintos niveles, establecer protocolos de atención inmediata, garantizar que las órdenes de protección se cumplan y mejorar las investigaciones con perspectiva de género.
La finalidad, expuso, es evitar que las denuncias por violencia queden sin respuesta y que las agresiones avancen hasta convertirse en hechos irreparables.
Familiares denuncian obstáculos para acceder a la justicia
Durante el foro, Elizabeth Machuca Campos, hermana de Eugenia Machuca Campos, compartió la experiencia de su familia tras la desaparición de su hermana, quien fue localizada sin vida el 28 de octubre de 2017 en Ocoyoacac, Estado de México.
Relató que Eugenia dejó tres hijos que eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos y señaló que, hasta la fecha, sus sobrinos continúan sin recibir una reparación integral del daño.
Machuca Campos explicó que, aunque hubo una sentencia, considera que la investigación presentó deficiencias y que el caso fue reclasificado. También recordó que el presunto responsable acosaba y perseguía a su hermana, mientras las medidas de protección no fueron suficientes para garantizar su seguridad.
A partir de esta experiencia, creó el colectivo Flores en el Corazón, desde el cual acompaña a familias de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio y violencia de género.
La activista denunció que algunas autoridades no atienden oportunamente las denuncias y que las familias deben insistir para conseguir que sus casos sean escuchados.
“Necesitamos irnos arrastrando para que podamos levantar una denuncia y las autoridades nos hagan caso”, expresó.
Asimismo, sostuvo que prevenir las desapariciones debe formar parte de las estrategias para evitar los feminicidios: “Nosotros tenemos que prevenir la desaparición para así poder prevenir el feminicidio”.
Finalmente, pidió que los foros y la información relacionada con las leyes lleguen a los municipios y se comuniquen mediante un lenguaje accesible, especialmente para las familias que desconocen los procedimientos legales y las instituciones a las que pueden acudir.
Las intervenciones coincidieron en que la nueva legislación deberá acompañarse de mecanismos efectivos de prevención, atención y seguimiento, así como de responsabilidades institucionales verificables, para que la protección de las mujeres no dependa únicamente de las sanciones impuestas después de un feminicidio.
