El máximo tribunal resolvió que fue torturada para obtener confesiones; su caso abre la puerta a revisar otras condenas en el caso Wallace
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este miércoles la inmediata y absoluta libertad de Juana Hilda González Lomelí, quien pasó 19 años y cinco meses en prisión tras ser acusada del secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace.
La Primera Sala del máximo tribunal determinó que las pruebas en su contra fueron obtenidas bajo tortura, violando así el debido proceso.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Corte concedió un amparo liso y llano a González Lomelí y dispuso que el Cefereso 16, en Morelos, donde permanecía recluida, fuera notificado de forma inmediata por el medio más eficaz.
La sentencia subraya que las confesiones autoincriminatorias usadas para condenarla fueron obtenidas mientras estaba arraigada, sin garantías legales y bajo tortura.
“La Justicia de la Unión ampara y protege a Juana Hilda González Lomelí […] y ordénese la inmediata y absoluta libertad de la quejosa”, se lee en el fallo aprobado por los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (ponente), Juan Luis González Alcántara Carrancá, y las ministras Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf. El único voto en contra fue del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Después de 19 años en prisión Juana Hilda González Lomelí consigue la libertad.
Fue acusada y sentenciada por la muerte de Hugo Alberto Wallace, hijo de la fallecida activista Isabel Miranda de Wallace. Los ministros aseguraron que no hay pruebas suficientes… pic.twitter.com/OSBfNfxiEu
— Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) June 11, 2025
El proyecto sostiene que el Estado mexicano no probó que las confesiones rendidas el 6 y 21 de febrero de 2006 fueron obtenidas sin coacción, por lo que deben considerarse nulas, al igual que cualquier evidencia derivada de ellas, incluyendo cateos y decomisos.
La resolución podría tener implicaciones directas para otros procesados en el caso Wallace.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) advirtió que las personas coprocesadas, como César F., Albert y Tony C., Brenda Q. y Jacobo T., también podrían beneficiarse del fallo, ya que sus acusaciones se basan en las mismas pruebas declaradas inválidas por la Corte.
El fallo se da a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) intentó aplazar la resolución e impugnar al ministro ponente, recurso que fue desechado en sesión privada el mismo día.
Juana Hilda González fue sentenciada en 2011 a 78 años y nueve meses de prisión por secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, la SCJN concluyó que no hay evidencia sólida que la vincule de manera irrefutable al crimen, ni que pruebe la propiedad de las armas, halladas un día después de su detención en un domicilio compartido.
Este caso, que ha sido emblema del activismo promovido por Miranda de Wallace, vuelve a colocarse bajo la lupa pública, ahora con señalamientos formales de fabricación de culpables, tortura y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
