Garantizan el derecho de defensa a personas sujetas a procedimientos administrativos señala el diputado de Acción Nacional Juan Carlos Romero Hicks
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, aprobó dos dictámenes para modificar las leyes Federal de Procedimiento Administrativo y la General de Responsabilidades Administrativas, en materia del pleno acceso a la justicia y homologación de la norma.
Por unanimidad de 24 votos, la Comisión avaló el proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción II del artículo 88 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, relativo al pleno acceso a la justicia.
La iniciativa establece que, en el caso del recurso de revisión que se tenga por no interpuesto y se deseche cuando no se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente, “la autoridad deberá prevenir al recurrente para que subsane la omisión, concediéndole un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación respectiva; transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya desahogado la prevención, la autoridad procederá a desechar el recurso”.
El proyecto propuesto por el presidente de la Comisión, diputado Juan Carlos Romero Hicks del Partido Acción Nacional, determina que los cinco días hábiles para subsanar lo establecido en la fracción II del artículo 88, es un tiempo razonable bajo el cual el interesado puede presentar la documentación solicitada, y que el plazo comenzará a correr al día siguiente en que surta efectos la notificación.
Por lo tanto, agrega, “esto nos lleva a la conclusión de que sin importar el tiempo que se haya tomado la autoridad en acordar la prevención, el interesado tiene la certeza jurídica de que le será respetada su garantía de audiencia y el debido proceso”.
Romero Hicks explicó que este dictamen coadyuva a garantizar el derecho fundamental de defensa a las personas sujetas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a fin de escucharlas y no dejarlas indefensas cuando estén involucradas en algún proceso descrito en la ley.
Te puede interesar: Avalan reformas a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Al respecto, la diputada Lidia Pérez Barcenas (Morena) comentó que se busca garantizar el pleno acceso a la justicia, y que a pesar de que es muy breve, en esta ley se da certeza jurídica a los particulares y de esta manera garantizamos su derecho a la justicia y a defenderse, por lo que celebró la propuesta de reforma.
La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) comentó que estas propuestas resultan importantes en virtud de que tienen por objeto dar claridad y certeza a los ejercicios de los particulares en los diversos procedimientos administrativos, además de que con su aprobación se mejora la redacción de los artículos y se abona en el fortalecimiento del ejercicio de las garantías procesales.
Ley General de Responsabilidades Administrativas
El segundo dictamen, aprobado por unanimidad de 26 votos, reforma el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de cambiar las palabras: “a la primera parte de este párrafo” por “al primer párrafo de este artículo”, así como el término: “penúltimo” por “cuarto”.
El dictamen refiere que el artículo de la mencionada ley actualmente tiene inconsistencias y con la reforma se abona a dar certeza jurídica a las personas sujetas a los procedimientos descritos en esta normatividad.
El diputado Romero Hicks señaló que el dictamen surge porque en ocasiones el resultado del trabajo legislativo genera algunas imperfecciones involuntarias, puesto que a veces se hacen modificaciones parciales sin analizar la norma de forma integral, lo que provoca confusiones o lagunas en su interpretación.
Asimismo, dijo, la reforma incorpora precisiones que dan certeza jurídica a las personas sujetas y a los procedimientos descritos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La proponente de la iniciativa, diputada Yesenia Galarza Castro (PAN), señaló que la reforma busca que se cumpla con el debido proceso y los principios en cada uno de los procedimientos administrativos, como lo ordenan las leyes.
Para más información síguenos en nuestras redes sociales: